Conocen este refrán, ¿verdad? Tener una discapacidad no solo es una cuestión de salud o funcionalidad, sino también un claro factor de desigualdad económica. Existe un coste económico al vivir con discapacidad y ni el Estado ni la sociedad compensan esta desventaja. Vivimos un gran postureo social.

En un país que presume de derechos y oportunidades el 31% de las personas con discapacidad en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 22,7% de la población sin discapacidad.

Las causas son múltiples. El acceso al mercado laboral no ha mejorado los resultados el último año en el que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad trabajan. La realidad muestra que siguen siendo descartadas en los procesos de selección, destinadas a empleos de baja cualificación o directamente excluidas. Trabajar no solo garantiza un ingreso económico, significa también dignidad, autonomía y pertenencia social. Negar esta oportunidad es condenarlas a una pobreza estructural.

Además tener discapacidad incide sobre la economía doméstica. Productos de apoyo, adaptaciones en la vivienda, tratamientos médicos, desplazamientos especiales; todo cuesta más cuando se tiene una discapacidad. Y muchas veces esos costes no están cubiertos por las ayudas públicas o los seguros no los cubren.

El 31% de las personas con discapacidad en España están en riesgo de pobreza o exclusión social

Pero quizás lo más doloroso es la discriminación que la sociedad sigue ejerciendo. Desde la discafobia o el capacitismo, que entiendo como el racismo que nadie se atreve a nombrar, hasta esa mirada paternalista y condescendiente que perpetúa su marginación y alimenta su empobrecimiento. Un cambio profundo en la mirada social es imprescindible para garantizar que tener una discapacidad no sea una condena a la exclusión.