Illa agradece el consenso tras firmar el pacto para las personas con discapacidad en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido a todas las formaciones políticas y a las entidades del sector el consenso por el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, que ha firmado este lunes junto a la presidenta del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), Mercè Batlle.

Durante el acto de firma, Illa ha asegurado que Cataluña da un «paso importante» en el bienestar moral y ha reconocido al expresidente de la Generalitat Quim Torra el impulso inicial al Pacte, y al expresidente Pere Aragonès el trabajo hecho para continuarlo.

Ha recordado que en Cataluña viven cerca de 700.000 personas con discapacidad, con los mismos derechos que el resto de ciudadanos y, por lo tanto, respecto a los cuales el Govern y la sociedad tienen las mismas obligaciones.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, también ha destacado el «gran consenso social» que ha despertado el pacto, y ha reafirmado su compromiso con la población catalana que padece alguna discapacidad.

Ha defendido un cambio en la mirada sobre la discapacidad, reconociéndola como un «activo» de la sociedad y no como una carencia o una vulnerabilidad, y ha asegurado que el talento de las personas con discapacidad es central y fundamental.

Por su parte, Batlle ha asegurado que la firma marca un momento histórico y un punto de inflexión en la lucha por una sociedad «más inclusiva, más accesible y más justa» para todo el mundo, pero ha recordado que el hito no es una meta en sí mismo, sino el inicio de un camino compartido.

Ha asegurado que se debe dotar el Pacte de contenido y herramientas para convertirlo en un instrumento útil, vivo y operativo, pasando del compromiso a la acción, porque «las palabras son importantes, pero lo que transforma la vida de las personas son los hechos».

Ha pedido políticas públicas que garanticen la accesibilidad universal en todos los ámbitos: una educación inclusiva «real», una vivienda accesible, asequible y con apoyos y oportunidades laborales efectivas y de calidad.

Además, ha reivindicado recursos suficientes, indicadores «claros» y mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto y redirigir las acciones del Pacte cuando sea necesario, para que sea capaz de crecer y adaptarse a los cambios sociales.