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El 73% de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) se ven obligadas a abandonar su trabajo por las secuelas de la enfermedad, según se desprende de un estudio realizado para analizar el impacto socioeconómico que supone para esta población en España. Los gastos que deben asumir oscilan entre los 5.000 y los 30.000 euros.

Así lo manifestaron los expertos en un diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a Daño Cerebral Estatal y en el que se presentó este estudio con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Este trabajo se llevó a cabo a lo largo de este año desde el Observatorio Estatal de Daño Cerebral con el objetivo de visibilizar los impactos socioeconómicos directos e indirectos del DCA centrándose en las personas y sus familias.

En este sentido, la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, explicó que con este estudio “pudimos ver cuánto cuesta esta patología no sólo a nivel económico, sino también lo que supone a las familias. Por ello, es muy bueno ponerle números a esta situación. Sobre todo, lo que supone a las familias en cuanto al coste laboral, de oportunidades y también de soledad, al tener que dejar amigos”.

El investigador en la consultora Andaira, Jorge Palmero, fue el encargado de presentar los resultados de este informe en el que “los impactos directos se refieren a las transformaciones económicas inmediatas por el desembolso monetario que provoca el DCA, mientras que los indirectos afectan a la reducción de los ingresos a nivel laboral”.

Fases del DCA

De esta forma, el informe analiza las tres fases del DCA: aguda, subaguda y crónica. A lo largo de 2024 se realizaron 438 encuestas a población con Daño Cerebral Adquirido.

Entre las personas con DCA, explicó Palmero, “el 38,68% tiene 80 o más años, el 30,83% entre 65 y 80 y el 30,5% entre 6 y 64 años. El 54,45% de los afectados son mujeres frente al 45,55% que son hombres. En cuanto al nivel de estudios prevalecen los universitarios de posgrado con el 35,11% de ellos seguidos de las personas con educación primaria con un 23,25%”.

La mayor parte de la población con DCA, el 44,87% cobra menos de 15.400 euros por núcleo familiar. Un 2,38% no tienen ningún tipo de ingresos, por lo que “en ellos impacta más el Daño Cerebral”, indicó Jorge Palmero.

Respecto a las áreas más afectadas por la enfermedad destacan el control motor, las consecuencias en las actividades de la vida diaria y las áreas cognitivas. En menor frecuencia están los impactos emocionales y conductuales, los de la comunicación y las secuelas sensitivas y sensoriales.

Discapacidad reconocida

Asimismo, el investigador de Andaira, subrayó que “el 27,8% de los pacientes no tienen reconocida la discapacidad, mientras que el resto sí la tienen, aunque el 1,76% tiene menos del 33%, lo que supone dificultades en el acceso a prestaciones o subvenciones. Un 36,22% tiene más de un 75% de discapacidad reconocida”.

La fase aguda de la enfermedad está comprendida en el Sistema Nacional de Salud y el paciente es atendido en urgencias y servicios hospitalarios. Sin embargo, “crea micro costes para las familias como el transporte, alojamiento o alimentación, entre otros”.

La fase subaguda genera una gran demanda de recursos económicos, mientras que en la crónica tienen menor intensidad en el tiempo aunque el coste total es mayor. Según este estudio, entre la fase subaguda y la crónica, el paciente podría gastarse entre 5.000 y más de 30.000 euros.

Reducir el impacto socioeconómico

Ante esta realidad, el informe de Daño Cerebral Estatal apunta a una serie de medidas para reducir estos impactos socioeconómicos en los pacientes con DCA. Entre ellas, la incorporación dentro de las carteras de servicios públicos, tanto sociales como sanitarios, de los apoyos necesarios para la rehabilitación de estos pacientes.

Asimismo, piden la construcción de un sistema de coordinación sociosanitaria que dé respuesta a las necesidades de los afectados, así como reducir los impactos emocionales, sociales y físicos en el núcleo familiar y en las personas cuidadoras principales, especialmente mujeres.

Por su parte, Ana Cabellos remarcó que este estudio del Observatorio de Daño Cerebral está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por lo que “se lo mandaremos para que lo estudie porque hay trabajo para todo el mundo”.

En este sentido, remarcó la necesidad de situar al asistente personal en el centro de las ayudas para las personas con Daño Cerebral Adquirido, ya que “muchos pacientes con este profesional podrían llevar una vida bastante normalizada”. Por ello, “sin la ayuda de la Administración, a través de la Dependencia, es muy complejo para estas familias”.