El 78% de discapacitados LGTBI+ denuncia discriminación en el ámbito escolar y uno de cada cuatro casos procede de los docentes

«No estamos presentes. Somos muy pocas personas LGTBI con discapacidad las que damos la cara. Es una realidad que no se tiene en cuenta suficientemente ni en el sector de las organizaciones de la discapacidad ni en las organizaciones LGTBI». Así ha resumido la abogada Ángeles Blanco, activista por los derechos de las mujeres lesbianas con discapacidad, la realidad de esta parte de la sociedad que lucha contra la «invisibilización» y que, desde este lunes, cuenta con los datos de la discriminación que sufren en España en diferentes ámbitos. Un estudio presentado por el Ministerio de Igualdad revela que el 78% de las personas LGTBI+ con discapacidad dice haber experimentado algún tipo de discriminación en el sistema educativo, siendo este el ámbito de mayor incidencia de situaciones de discriminación, rechazo y/o acoso. De estos casos, el 54% afirmó que procedía de los compañeros y el 26%, desde el profesorado.

El informe -realizado con 420 encuestas, más de 70 entrevistas en profundidad, un grupo de discusión y un seminario, entre otras metodologías- desgrana que, en el ámbito laboral, el 41% de los encuestados refirió haber sufrido discriminación, rechazo o acoso por su discapacidad (43%) o por orientación sexual (27%), mientras un 39% afirmó sentirse rechazada, discriminada o acosada durante la búsqueda de empleo. En este ámbito, el trato desigual provenía en un 36% de los casos de los compañeros y en un 31%, de los supervisores, según los encuestados.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que con este informe se busca «abrir el armario que faltaba por abrir». Al inicio de la presentación en la sede del Ministerio, en Madrid, Redondo ha denunciado que «hay una auténtica invisibilidad» de este colectivo, que además sufre «un tabú en relación con la sexualidad». «Este informe pone cifras a una realidad a veces dura, a veces de gran desigualdad, pero necesaria para precisamente diseñar aquellas políticas públicas encaminadas a remover todos los obstáculos que todavía impiden la igualdad real y efectiva de las personas. La interseccionalidad es la asignatura pendiente que todavía tiene esta sociedad para seguir avanzando en igualdad de derechos y en reconocimiento de esas libertades necesarias y básicas de todas las personas con independencia de su condición o de su situación», ha declarado Redondo.

El estudio también aborda el ámbito familiar, que se describe por los autores como un «punto de apoyo fundamental», pero también como un «obstáculo para el desarrollo de la personalidad con impacto psicológico a largo plazo» cuando presentan dificultades de aceptación. En este caso, los investigadores describen que «es común que las respuestas de las familias puedan ser contradictorias. A veces, aceptan una de las realidades, por ejemplo, la discapacidad, pero al mismo tiempo se oponen a aceptar la identidad o la orientación sexual de su familiar o viceversa». Además, la discriminación dentro del propio hogar lleva a «la infantilización, la asexualización y la heterosexualización, que niegan la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan una vida sexual plena y elegida».

Al acudir a los servicios sanitarios, el 46% de las personas encuestadas afirmaron haberse sentido discriminadas en algún momento. «Esta discriminación, además, se da en múltiples espacios del ámbito sanitario y no diferencia entre prácticas médicas especializadas en los ámbitos de la atención sexual y reproductiva, donde la dimensión sexual importa, o no», reza el trabajo. Las consecuencias de la discriminación en el ámbito sanitario «son profundas, destacando los efectos psicológicos (36%), la sensación de culpabilidad (24%) y la pérdida de autonomía y libertad (18%)», prosigue.

La ministra Redondo ha subrayado que este trabajo es «pionero» y «necesario» para aprender, entre otras cosas, que existe un «paternalismo en relación con las personas con discapacidad» y que «muchas veces esa discriminación es fruto del desconocimiento o es fruto de un rechazo social a la identidad de cada uno y de cada una. La sociedad necesita esa diversidad, ese enriquecimiento, precisamente para profundizar democráticamente», ha dicho la titular de Igualdad, al tiempo que ha abogado por una democracia que siga ampliando los derechos y las libertades de las personas, con independencia de sus circunstancias.

En su relación con las administraciones públicas, ámbito también abordado en el estudio, las personas LGTBI+ con discapacidad también señalan diversas barreras y experiencias de discriminación, especialmente en las instituciones judiciales -donde dicen sufrir «revictimización y la imposibilidad de resarcimiento»- y en centros residenciales o pisos tutelados -en los que el 55% refirió haber experimentado discriminación, rechazo o acoso y sus consecuencias psicológicas-. «El 40% de las personas encuestadas señalaron haber tenido dificultades para acceder a servicios públicos, desde la seguridad social hasta los servicios de empleo y vivienda. Estas barreras no solo son físicas o estructurales, sino también actitudinales», afirman los investigadores, que recogen un relato vital en el que el sistema judicial «no proveyó de justicia y reparación a una persona LGTBI+ con discapacidad psicosocial y víctima de violencia sexual bajo los prejuicios de locura y un deseo sexual incontrolable«.

En cuanto a la participación social, las personas LGTBI+ con discapacidad aseguran que tienen que hacer un «sobreesfuerzo por participar que genera experiencias que van desde la autoexclusión hasta el rechazo explícito en los espacios sociales». En todas las dimensiones de la participación social sobre las que se ha preguntado a los participantes (ocio, deporte, formación y actividades políticas), más del 50% dijo haberse sentido discriminadas, con especial incidencia en el ámbito del ocio (casi el 70%). En este caso, Jesús González, presente en nombre del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), durante un coloquio moderado por la comunicadora Nerea Pérez de las Heras, ha puesto de ejemplo un local gay que se encuentra en un sótano al que se accede únicamente bajando por unas escaleras.

La sexualidad

Las personas más mayores reportan una completa ausencia de educación sexual, mientras que las más jóvenes reciben información incompleta o distorsionada, que se enfoca principalmente en la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual, según este estudio, que denuncia que en el ámbito de la sexualidad «predomina una mirada basada en la lástima y en la sobreprotección hacia estas personas LGTBI+ con discapacidad perpetuando el mito de que no son deseables ni deseantes, negándoles el reconocimiento de sus necesidades sexuales y afectivas y limitando su acceso a una sexualidad plena y satisfactoria».

Puede escuchar la presentación y el coloquio completo aquí: