CEDDD alerta del riesgo de perder 60.000 empleos de personas con discapacidad si sale la ‘ley de Economía Social’

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) alerta sobre el grave riesgo de destrucción de empleo para personas con discapacidad en España que pueden acarrear algunas iniciativas legislativas en ciernes.

Concretamente, consideran que los cambios planteados en el Proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social ponen en peligro la continuidad de cerca de 60.000 puestos de trabajo ocupados por este colectivo.

Esta inquietud de CEDDD se debe a la propuesta de modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tiene por objeto dejar fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a un total de 1.655 centros especiales de empleo, que no ostentan la calificación de iniciativa social.

«Desde su creación en 1982 con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), los Centros Especiales de Empleo (CEE) son una herramienta clave para asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad en España. Según datos oficiales del SEPE, en 2022 había 2.417 centros especiales de empleo en el país, que emplean a más de 124.000 personas, de las cuales 106.429 tienen alguna discapacidad», firman desde CEDDD.

Atendiendo a la misma fuente, desde CEDDD destacan que el 68,5% de estos centros especiales de empleo no estaban calificados como de Iniciativa Social y que en el año 2022 trabajaban en ellos 61.425 empleados con discapacidad, «nuestro temor radica en que el Proyecto de Ley acabe con la posibilidad de que muchos de estos centros sigan operando, ya que plantea eliminar su reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General».

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada a CEDDD, plantea que esta normativa «dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto en el que ya enfrentan grandes barreras para integrarse en el mercado laboral».

En este sentido, desde CEDDD recuerdan que «solo el 25% de los dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que hay en España, tiene empleo. De ellas, 100.000 trabajan en este tipo de centros, sean de Iniciativa Social o no. Para las personas con discapacidades de especial dificultad (discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad física igual o superior al 65%), la situación es aún más complicada, pues solo 1 de cada 10 tiene empleo y la mayoría de ellos se encuentra también en estos centros».

Para CEDDD, este hecho pone en relieve el papel social que desempeñan todos los CEE, más allá de lo que pueda establecer una etiqueta asociada a su iniciativa, pues «la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral no solo tiene un impacto positivo en la vida de los propios trabajadores, sino también en la economía y en la cohesión social del país. Por eso, la pérdida de estos empleos no solo dejaría a miles de personas sin ingresos, sino que aumentaría la dependencia de las familias y del Estado, generando un costo económico y social elevado».

Por ello, en línea con CONACEE, considera fundamental que los legisladores comprendan que la propuesta de ley actual excluye a una mayoría de los CEEs, que no están calificados como de Iniciativa Social, pero que representan más del 70% de las nuevas contrataciones de personas con discapacidad. Además, señalan que estos centros, en su mayoría, «son pequeñas empresas fundadas por personas con discapacidad o sus familiares, quienes se esfuerzan por ofrecer un entorno laboral adaptado y digno».

Asimismo, CEDDD «lamenta profundamente» que en la redacción del Proyecto de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, no se haya contado con CONACEE, «primera y más antigua Patronal de Centros Especiales de Empleo de España. Este hecho ha dejado indefensos a los centros que no tiene la calificación de social y que son mayoritarios en el sector, dado que Confederación Española Para la Economía Social (CEPES) únicamente representa y defiende los intereses de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social presentes entre sus asociados».

Por todo ello, CEDDD reclama la ‘urgente y necesaria’ revisión del citado Proyecto de Ley y que se escuche a todos los actores implicados. En palabras del presidente de CEDDD, Albert Campabadal, «no se puede avanzar en inclusión social y económica dejando fuera del mercado laboral a decenas de miles de personas con discapacidad, muchas de las cuales difícilmente encontrarán otra oportunidad fuera de un Centro Especial de Empleo».

Con el objetivo de transmitir este mensaje a los responsables políticos, CEDDD ha iniciado una ronda de contactos con los partidos, que arrancó ayer en el Congreso con sendos encuentros con los diputados Josep María Cervera, de Junts per Catalunya, y con los diputados del Partido Popular (PP) Ana Isabel Alós, Isabel Prieto Serrano, Violante Tomás Olivares, Agustín Parra, Alma Alfonso Silvestre, Rosario Cayuela y Jaime Arellano.