El Gobierno reconocerá automáticamente el 65% de discapacidad a personas con un grado II y III de dependencia

Todas las personas que obtengan un grado II y III de dependencia tendrán reconocido automáticamente el 65% de discapacidad, con sus consiguientes beneficios y ayudas. Es una de las novedades de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que ahora aterrizará en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La medida se une a otra que ya recogía el primer borrador, y que, en esa línea, contempla un reconocimiento automático del 33% de discapacidad a personas con un grado I de dependencia.

La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, recoge una serie de medidas que aspiran a mejorar el día a día de las personas dependientes, como la supresión del régimen de incompatibilidades, el refuerzo de la ayuda a domicilio, la ampliación de los servicios del catálogo de prestaciones o un préstamo de productos de apoyo para los usuarios que lo necesiten. También incluye una «prestación transitoria» para aquellas personas con un grado II o III de dependencia que estén esperando el reconocimiento del derecho a recibir un servicio.

La reforma arranca, así, su tramitación en la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios podrán ahora ampliar o modificar sendas leyes, que amparan a más de 1,6 millones de usuarios del sistema de dependencia que hay en España. Se trata, según ha destacado el ministro Pablo Bustinduy, de «un nuevo enfoque que garantizará vidas dignas», tanto para las que tienen algún tipo de dependencia como para aquellas con discapacidad, y que «promoverá su derecho a tener una vida independiente y autonomía personal». En paralelo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde también al reparto de 780 millones a las comunidades autónomas para financiar los servicios de atención a la dependencia y avanzar hacia ese «giro copernicano» que pretende el Ejecutivo: de un sistema centrado en lo residencial a otro que se enfoque en las en las necesidades, deseos y preferencias de los usuarios.

Reconocimiento de la discapacidad

Una de las grandes novedades de la reforma es que, de aprobarse, cualquier persona con el grado I de dependencia asignado, pasará a tener reconocido el 33% de discapacidad. Para aquellas en grado II y III, ese reconocimiento automático será igual, pero del 65%. Luego, si el usuario quiere reclamar un grado de discapacidad superior al previsto en estas «pasarelas» que reconoce el Gobierno, podrá solicitar una valoración individualizada de la discapacidad. El departamento que dirige Bustinduy defiende esta medida como clave para reducir la burocracia y así «agilizar y acelerar las tareas de tramitación», que suelen alargarse entre seis y nueve meses desde la primera solicitud.

Prestaciones transitorias

La ley introduce la posibilidad de que una persona dependiente pueda recibir una ayuda o un servicio transitorio, adaptado a sus deseos y circunstancias, cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que solicitó y que, por su grado de dependencia, le correspondería. De este modo, una persona que, por ejemplo, haya pedido acceder a un centro de día cerca de su casa, pero en el cual no hay plazas, tenga derecho a recibir una alternativa, como la ayuda a domicilio, hasta que llegue su turno en la lista de espera. El ministerio defiende esta medida asegurando que, gracias a esa prestación, ese usuario no tendrá que acudir a otro centro de día que esté más lejos de casa, como ocurre actualmente.

Fondo para garantizar edificios accesibles

El Ejecutivo creará, también, el Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, para financiar cualquier reforma necesaria en los edificios públicos y «remover todas las barreras físicas o cognitivas» para las personas con discapacidad, ya sea mediante una instalación de rampas para sillas de ruedas, crear, QR para audiodescripciones o cualquier otra intervención. En el ámbito privado, se reforma la ley de propiedad horizontal para obligar a las administraciones a que ofrezcan ayudas económicas para la habilitación de las viviendas, que las comunidades de vecinos tendrán que solicitar si uno de los residentes del edificio la pide. En esa línea, el nuevo texto facilitará los requisitos para recibir esa ayuda, rebajando del 75 al 70% el porcentaje de financiación que deberá abonar la comunidad de vecinos para llevar a cabo dicha reforma.

Como novedad, las leyes añade la obligación de garantizar esa accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. Una labor que recaerá en las administraciones competentes, que deberán adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva (lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo) en estos espacios.

Ayuda para ir al súper y centros «multiservicio»

Se ampliará el servicio de ayuda en el domicilio, de tal forma que pueda extenderse más allá de la casa del usuario que recibe ese apoyo y en función de sus necesidades. La persona cuidadora podrá acompañarle a otras actividades cotidianas, como ir al médico o hacer la compra.

Además, los centros de día serán considerados un servicio esencial, lo que les permitirá prestar apoyo fuera de sus instalaciones, acudiendo a los domicilios de aquellos usuarios que vivan cerca y lo necesiten. Según Derechos Sociales, esto es «especialmente relevante», ya que convertirá a estos centros en «referentes comunitarios de apoyo y relación en el entorno», especialmente en las zonas rurales. Se trata, tal y como ha señalado el ministro, de transformar el régimen para que pasen a ser «centros multiservicio».

Préstamo de sillas, andadores o asistentes de voz

Se incluyen nuevos servicios en el catálogo, como los cuidados y apoyos en viviendas compartidas o en «modelos de vivienda colaborativa». Asimismo, el Estado ofrecerá un préstamo o «cesión temporal» de productos de apoyo que mejoren la autonomía de las personas dependientes, como sillas de ruedas eléctricas, grúas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz. «Se generará un banco de productos que se podrán utilizar y luego devolver», ha precisado Bustinduy. También se ofrecerán servicios de asistencia personal para los usuarios que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

En cuanto a la teleasistencia, el proyecto de ley la reconoce como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, y establece que no pueda ofrecerse como la única prestación a recibir, sino que deberá combinarse siempre con otros apoyos.

Familiares y cuidadores no profesionales

También se amplían las ayudas económicas para los familiares que, en caso de fallecimiento, se abonarán hasta el último día del mismo mes en el que se produzca el deceso, para evitar así aquellos casos en los que se reclama un reintegro del dinero cuando muere la persona dependiente. «Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida», apunta el departamento de Bustinduy, que ve en esta medida «un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan.

La propuesta sugiere también blindar las cotizaciones a la Seguridad Social de los familiares que cuidan a personas dependientes para asegurar sus jubilaciones, y las cuales estarán cubiertas por el Estado.Además, se extienden las prestaciones a los allegados (compañeros de piso, amigos, etc.) que no estén vinculados por consanguinidad pero que sí estén ejerciendo esa labor de cuidadores.

Menos burocracia

En línea con uno de los principales objetivos de la ley, que es el de reducir el papeleo del sistema de dependencia, la reforma suprime el régimen de incompatibilidades de las prestaciones (se podrá percibir de más de una de manera simultánea); agiliza el proceso de revisión individual; y establece un procedimiento de urgencia para que aquellas personas más vulnerables (con demencia, precariedad económica o que sufran violencia de género, entre otros)puedan acceder antes a los servicios y prestaciones.

De igual modo, la reforma incorpora otra a novedad clave, que es la compatibilización del empleo con los servicios y prestaciones del sistema. El ministro ha explicado que, con este cambio, una persona que, por ejemplo, tenga parálisis cerebral, acuda a un centro de día y reciba una oferta de trabajo de tres horas al día, podrá aceptarla sin por ello perder el recurso a la dependencia que tenía asignado, que en este caso es el centro de día. Hasta ahora, tenía que elegir entre el empleo o la prestación.

Condiciones «dignas» para los cuidadores​

La norma incorpora un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados, en el que se insta a fomentar unas «condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas» para las trabajadoras, a través del diálogo con las comunidades autónomas, que establecerán los criterios de acreditación, calidad y estándares del empleo, así como el número adecuado de profesionales según el perfil de los usuarios, su cualificación y formación continua. Derechos Sociales calcula que, para 2030, el sistema de dependencia necesitará al menos 260.000 trabajadoras más para que siga siendo sostenible.