El próximo Consejo de Ministros aprobará la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia

El Consejo de Ministros del próximo 15 de julio aprobará en segunda lectura el anteproyecto para reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que de este modo pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria durante el otoño.

Así lo anunció este miércoles el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, en la inauguración del seminario ‘La accesibilidad universal: aliada para fijar población en la España rural’, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad junto con la Fundación ACS, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Entre otros puntos, Martín Blanco destacó que la futura norma «erigirá la accesibilidad universal como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos con discapacidad», que «podrán exigir su cumplimiento ante los tribunales».

También prevé la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal con el que financiar este tipo de obras, Así como reforzar la obligación (también con más ayudas) de las comunidades de vecinos para que no puedan negarse a realizar mejoras de accesibilidad en los edificios donde habitan personas con discapacidad.

Según Martín Blanco, «la accesibilidad es la llave que nos abre la puerta a la educación, al empleo, a la salud y a la cultura«. «Resulta también esencial para mantener la población en el mundo rural», añadió, y se preguntó «cuántas familias habrán tenido que emigrar debido a que una persona mayor no podía salir de casa o a que el colegio del pueblo carecía de profesores de apoyo para sus hijos».

«Si vives en un pueblo y tienes discapacidad, es más probable que tus deseos y tus aspiraciones se vean mermados por la falta de apoyos y sobre todo de accesibilidad», subrayó. Por eso, la accesibilidad «debe convertirse en un derecho subjetivo, con garantías normativas y respaldo financiero», tal y como propone esta reforma, explicó el director general.

En su opinión, «la accesibilidad debe ofrecer certezas a las personas» que precisan de ella. «Ahora se dice que todo es accesible y que todo es inclusivo. Si caemos en eso, si todo es accesible, en realidad nada lo es«.

Martín Blanco puso en valor la inversión en accesibilidad que el Gobierno ha llevado a cabo gracias a los fondos Next Generation, de la que se han beneficiado más de 800 ayuntamientos. «Esto ha permitido, por ejemplo, que un concejal pudiera acceder al estrado en la sala de plenos», apuntó. «La accesibilidad es clave para que las personas con discapacidad permanezcan en el mundo rural».

Martín Blanco indicó que la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 «tiene como eje la ruralidad, precisamente para que las medidas que incluye lleguen a la población con discapacidad que vive en nuestros pueblos y aldeas». De ahí la necesidad de asegurar entornos y servicios accesibles para fijar población, detalló, tal y como estipula el artículo 49 de la Constitución española.