Hacienda propone equiparar entre los grados y niveles de dependencia y discapacidad para aplicar el mínimo en el IRPF

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, de la Secretaría de Estado de Hacienda, ha propuesto establecer supuestos de equiparación entre los grados y niveles de dependencia y discapacidad para la aplicación del mínimo en el IRPF, como parte de una reforma normativa para mejorar el tratamiento fiscal de la discapacidad, según un informe al que ha tenido acceso Servimedia.

En concreto, la propuesta plantea esos supuestos de equiparación y una revisión del concepto de «descendiente por asimilación» para poder aplicar los mínimos por descendiente y discapacidad a nuevas situaciones cada vez más extendidas.

El Consejo para la Defensa del Contribuyente presentó estas propuestas en respuesta a diversas quejas «relacionadas con el rigor exigido en la acreditación del grado de discapacidad requerido para acceder a la aplicación del mínimo por discapacidad a efectos del IRPF», como señaló el informe, y a la «insatisfacción ante las dificultades para obtener dicho reconocimiento», como consecuencia de la duración del proceso legal.

En cuanto a la acreditación de la condición y grado de discapacidad, el Consejo para la Defensa del Contribuyente planteó el establecimiento de supuestos de equiparación o pasarelas directas entre los grados y niveles de dependencia y discapacidad.

De esta forma, se busca simplificar el proceso de acreditación y facilitar el acceso a la aplicación del mínimo por discapacidad, ya que se flexibilizarían las exigencias de acreditación sobre sus potenciales beneficiarios.

En este sentido, el Consejo recordó que la actual regulación legal del IRPF ya contempla dos supuestos en los que la obligación de acreditar la discapacidad no es necesaria.

El primero de ellos considera acreditado el grado de discapacidad es igual o superior al 65% cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no se alcance dicho grado.

El segundo supuesto entiende acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33% en caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. También para los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, como apuntó el informe.

Así, el Consejo justificó que «valora favorablemente la propuesta de asimilar el reconocimiento oficial de una situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, a la discapacidad del 33%».

«Sin perjuicio de ello, el Consejo entiende como opción más próxima a la realidad el reconocimiento, a quienes tengan un grado de dependencia moderada, de un grado de discapacidad del 33%; y, a quienes tengan una dependencia severa o gran dependencia, el reconocimiento de un grado de discapacidad del 65%. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que la persona interesada, de requerirlo, pueda acudir al procedimiento de valoración de la discapacidad legalmente establecido», recalcó el texto.

Para materializar esta propuesta, el Consejo para la Defensa del Contribuyente abogó por los proyectos de ley de modificación de las leyes generales sobre discapacidad y dependencia, o a través de enmiendas durante su tramitación parlamentaria.

Si esa modificación legislativa no llegara a producirse, el Consejo planteó la incorporación del supuesto de equiparación o pasarela entre las situaciones de dependencia y discapacidad a través de un nuevo apartado en el artículo 60 de la Ley del IRPF.

La segunda propuesta del Consejo para la Defensa del Contribuyente recoge una revisión del concepto de «descendiente por asimilación». Su intención es que se puedan aplicar los mínimos por descendiente y discapacidad a situaciones «de apoyo y asistencia a la capacidad jurídica de familiares mayores de edad con discapacidad», a través de figuras como la guarda de hecho o la curatela, y que cada vez están «más extendidas».

El informé agregó que esto deberá hacerse «siempre que se cumplan los requisitos de convivencia y dependencia económica, por ser más acorde con los principios de justicia tributaria».