Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión alertan del aumento del riesgo de caer en la exclusión social y la pobreza para miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Una de cada 3 personas con discapacidad (32,9%) vive en España en situación de pobreza o exclusión social, según constata el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES).

De acuerdo con este estudio que acaba de publicarse, las personas con discapacidad tienen más posibilidades que el resto de la población de enfrentarse a una vida precaria. Esta situación, señala el informe, además se agrava durante la etapa laboral para el 40,7 % de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 años.

Plena inclusión España, una organización que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias, denuncia que el copago y la dificultad de acceso a la vivienda son dos factores que incrementan las posibilidades de caer en la pobreza y la exclusión social para miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Respecto al copago, desde Plena inclusión se pide desde hace años que la reforma de la Ley de Dependencia contemple su desaparición.

La pobreza recorta derechos e impide muchas veces tomar decisiones sobre cómo vivir

La confederación que agrupa a más de 950 asociaciones que dan apoyo a estas personas en todo el país, reclama medidas urgentes como:

– La eliminación del copago: Plena inclusión denuncia que este sistema impone una carga económica injusta sobre las familias, que ya asumen altos costes derivados de la discapacidad. Esta situación genera desigualdad en el acceso a servicios de apoyo y reduce la calidad de vida de las personas y sus familias.

– El reconocimiento del sobreesfuerzo económico que enfrentan buena parte de las familias en las que uno de sus miembros tiene discapacidad intelectual. Y todavía más en aquellas con personas con más necesidades de apoyo. Según un estudio de Plena inclusión y el INICO (Universidad de Salamanca), las familias con hijos e hijas con grandes necesidades de apoyo asumen entre 24.000 y 47.000 euros anuales. Esta cifra incluye gastos en salud, educación, atención especializada, adaptaciones en el hogar y otros costes indirectos.

Exigimos una financiación pública, justa y accesible que garantice la igualdad y el acceso a los derechos que tiene el resto de la ciudadanía

– Acceso a viviendas accesibles y asequibles, como condición necesaria para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma autónoma y elegida, fuera de entornos institucionales.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España explica cómo la precariedad y la exclusión afecta en mayor medida a las familias de las personas con discapacidad intelectual:

“La pobreza recorta derechos e impide muchas veces tomar decisiones sobre cómo vivir. El copago es una barrera económica y social, lo hemos dicho muchas veces. Por esa razón, exigimos una financiación pública justa y accesible que garantice la igualdad y el acceso a los derechos que tiene el resto de la ciudadanía”.