Violencia administrativa

¿Han leído Vuelva usted mañana de Larra y las vicisitudes que sufre su protagonista intentado realizar unos trámites en España? La crítica se dirige a la lentitud, la burocracia y la pereza que Larra percibe en 1833. Pues poco hemos evolucionado.

En España hoy, enfrentarse a la burocracia es como entrar en un laberinto sin salida. Esto se vuelve aún más cruel cuando hablamos de personas vulnerables que necesitan ayuda urgente y reciben, en cambio, un saco para la carrera de obstáculos.

Solicitar un certificado de discapacidad o iniciar una valoración de la dependencia es un proceso largo, farragoso y, a menudo, desesperante. Formularios interminables, requisitos que cambian según la comunidad autónoma y una absoluta falta de coordinación entre administraciones convierten cada paso en una odisea.

La descoordinación entre comunidades autónomas y entre niveles de administración (local, autonómica y estatal) obliga a los ciudadanos a ir de ventanilla en ventanilla, con la misma documentación bajo el brazo, explicando una y otra vez su situación. Mientras tanto, los teléfonos no responden, las citas online muchas veces no funcionan y si uno se presenta sin cita (porque no ha podido conseguirla), simplemente no es atendido.

Este entramado no solo frustra, sino que humilla. Detrás de cada expediente hay una historia difícil: padres con hijos con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, familias desbordadas. La burocracia debería ser una herramienta para ayudar, no una barrera más.

Es urgente una reforma profunda del sistema, con ventanillas únicas, trámites digitalizados y coordinados y, sobre todo, con empatía. Porque en la atención a los más vulnerables no puede haber esperas.

A esto le llamo yo violencia administrativa.