Reino Unido recortará 6.000 millones en ayudas a la discapacidad, una reforma que el colectivo tacha de «cruel»

El Reino Unido acometerá una reforma drástica en su sistema de asistencia social que implicará un recorte de 5.000 millones de libras (6.000 millones de euros) en beneficios por discapacidad hasta 2030.

El anuncio, realizado por la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, ha desatado una oleada de críticas desde organizaciones sociales, partidos de la oposición y colectivos de personas con discapacidad, que acusan al gobierno laborista de poner en riesgo a millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Endurecen el acceso a ayudas

Una de cada 10 personas en edad laboral en el país recibe subsidios por enfermedad o discapacidad, cifra que Kendall considera “alarmante”. A su juicio, el sistema actual es “caro, insostenible y está fallando a las personas que debería ayudar”, promoviendo una “inactividad económica” que frena el progreso nacional.

El plan del Ejecutivo de Keir Starmer, líder del Partido Laborista, incluye revisar las evaluaciones de discapacidad para endurecer el acceso a las ayudas. Paralelamente, promete invertir 1.000 millones de libras en incentivos laborales, como la posibilidad de que los beneficiarios prueben empleos sin perder el subsidio. También contempla un aumento por encima de la inflación en 775 libras (921 euros) el llamado Crédito Universal, una ayuda que reciben las familias con bajos ingresos; medida que según el gobierno busca “eliminar barreras para trabajar”.

Sin embargo, el Consorcio de Beneficios por Discapacidad, que agrupa a más de 100 organizaciones benéficas, tildó la reforma de “cruel” y alertó de que perjudicará gravemente a quienes no pueden trabajar y dependen de esas prestaciones para sobrevivir. Sarah Hughes, directora ejecutiva de la organización Mind, advirtió que los recortes “sólo servirán para profundizar la crisis de salud mental” en el país.

Estas medidas se anuncian en paralelo a un aumento histórico del gasto militar. El gobierno laborista se ha comprometido a elevarlo al 2,5 % del PIB en 2027 y al 3 % en la siguiente legislatura, en el mayor incremento desde la Guerra Fría. Para financiarlo, se mantienen medidas de austeridad como el límite de subsidios por hijo y la retirada del pago de combustible a los pensionistas.

Para sostener una economía de guerra

Según Micaela Tracey-Ramos, periodista del Morning Star, el Partido Laborista “ha decidido encarrilar la economía hacia un modelo de guerra” en detrimento de los derechos sociales. Su análisis apunta a que el nuevo presupuesto se construye sobre la base del ajuste fiscal y el aumento del poder militar, y que “la agenda Starmer-Reeves responde a las necesidades del capital financiero y los intereses geoestratégicos de la OTAN”.

En ese sentido, el primer acto de Starmer como primer ministro fue asistir a la cumbre de la OTAN en Washington, reafirmando su compromiso con Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno ha suscrito acuerdos para exportar armas a Ucrania por valor de 3.500 millones de libras, incluyendo la fabricación de 5.000 misiles antiaéreos en suelo británico.

Diversos expertos, como Khem Rogaly desde Novara Media, denuncian que el gasto militar no genera empleo de calidad. Un estudio oficial del Gobierno escocés reveló que el sector defensa ocupa el puesto 70 de 100 en multiplicadores de empleo, muy por debajo de sectores como sanidad, construcción o alimentación.

El diputado laborista Imran Hussain denunció en el Parlamento que “miles de personas con discapacidad grave ven con incredulidad cómo se debate su supervivencia como si fuera un gasto prescindible”. Liz Kendall, por su parte, defendió la reforma asegurando que parte “desde una posición de compasión”.

Este pasado miércoles, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, presentó su presupuesto de primavera, donde detalló estos recortes en un contexto de ralentización económica, caída de ingresos fiscales y altos costes de endeudamiento. Con ello, el Reino Unido se adentra en una nueva etapa donde el gasto en defensa crece a costa del bienestar social.