Solo una de cada cinco personas con discapacidad por salud mental tiene empleo

Solo el 19% de las personas con discapacidad por salud mental están empleadas, un porcentaje que se eleva al 28,5% en el caso de las personas con discapacidad general, según se desprende del informe ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’ realizado por la Fundación Randstad, que trabaja para conseguir la igualdad de oportunidades laborales de las personas con discapacidad, junto con Randstad Research.

Asimismo, el análisis muestra que, al comparar con el total del colectivo, se observa que la tasa de actividad de las personas con discapacidad por salud mental es del 27%, inferior al 35% del total de personas con discapacidad.

Las conclusiones de este informe elaborado a partir de los últimos datos facilitados por el IMSERSO y el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023, también reflejan que, hay 315.200 personas con discapacidad por salud mental y que, en nueve años, esta población ha experimentado un crecimiento de un 18%, por encima del crecimiento de la población con discapacidad general (12%). De ellas, solo 1 de cada 4 está activa para trabajar, mientras que el 73% se encuentra inactiva, lo que puede indicar mayores dificultades para acceder al empleo.

Asimismo, el estudio muestra que este colectivo presenta las tasas más bajas de actividad (27,4%) y empleo (19%) si se compara con personas con otras discapacidades. Esto teniendo en cuenta que el número de personas con discapacidad por salud mental inactivas ha aumentado un 21% entre 2014 y 2023, un dato mucho mayor que el 9% registrado en el total de personas con discapacidad general.

En este sentido, la directora de innovación social, María Salsamendi ha apuntado que “las cifras muestran que es necesario seguir trabajando y aunando esfuerzos, para conseguir que esta brecha disminuya cada vez más y garantizar un acceso igualitario al empleo para todos. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es alta, y la cifra de personas con discapacidad por salud mental en esta misma situación es aún mayor. Por eso desde Fundación Randstad trabajamos para ayudar a las empresas a conseguir el objetivo de incorporar talento diverso, de personas con discapacidad en igualdad de condiciones”.

Crece el empleo entre las personas con discapacidad

En un análisis más amplio, el estudio muestra que España cuenta con cerca de 3,4 millones de personas con un certificado de discapacidad reconocido y representan el 7,0% de la población. Esto significa que la población con discapacidad ha disminuido en algo más de 30 mil personas, lo que supone una variación del -0,9%.

De todo el colectivo, el tipo de discapacidad más representativo es la neuromusculoesquelética o del movimiento (29%) seguida de sistema nervioso o función mental (24%) y la sensorial, visual auditiva, sordoceguera o dolor (12%).

En cuanto a la población en edad laboral con discapacidad, esta alcanzó los 1,95 millones de personas, la cifra más alta en nueve años, representando un 6,3% del total de la población entre 16 y 64 años. Este grupo ha experimentado un crecimiento del 12%, con casi 200.000 personas más, reflejando una integración progresiva en el ámbito laboral.

El informe arroja que esta población activa con discapacidad ha alcanzado un total de 690.600 personas, lo que representa un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior. Además, la tasa de actividad se sitúa en 35,5%, la más alta desde 2014.

Por otra parte, el empleo también ha mostrado un avance, creciendo un 3,2%, lo que significa que 554,5 mil personas con discapacidad han tenido un empleo en 2023. Esto eleva la tasa de empleo hasta el 28,5%, un ligero aumento respecto al año anterior.

En cuanto al desempleo de las personas con discapacidad, se ha reducido en 11.700 personas, situándose en 136.100 parados, lo que ha permitido una disminución de la tasa de paro al 19,7%, un descenso notable respecto al 21,6% del año anterior.

Por último, se desprende del informe que las comunidades autónomas con mayores tasas de actividad son Ceuta y Melilla (50,70%), País Vasco (45,70%) y Cantabria (44,50%), mientras que las más bajas se registran en Canarias (28,8%), Andalucía (29,2%) y Galicia (31,2%).