El Congreso pide por unanimidad un estudio sobre los habitantes con discapacidad del mundo rural

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno a “elaborar un estudio sobre las necesidades y demandas de las personas con discapacidad que residen en el mundo rural”, con el objetivo de promover mejores condiciones de vida para ellas.

Aprobada de forma unánime e impulsada por el Grupo Popular, la iniciativa pide llevar a cabo «un estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyo y recursos para mejorar el bienestar de las familias de personas con discapacidad que residen en un entorno rural”.

Reclama que, “una vez elaborado el diagnóstico y las propuestas de actuación”, se establezca “un cronograma de desarrollo junto a las administraciones competentes en esta materia”, al que acompañe “una financiación estatal, suficiente y adecuada para su puesta en funcionamiento”.

Según la diputada del PP Socorro Cuesta, las personas con discapacidad que viven en el mundo rural “tienen que salvar barreras específicas derivadas de la dispersión geográfica, la falta de servicios, el envejecimiento…». Destacó que estas personas tienen un perfil característico, en general “más envejecido y más feminizado” que el conjunto de las personas con discapacidad.

“Estas dificultades se traducen en que una madre tiene que conducir 50 kilómetros para que su hijo asista a la terapia que necesita”, apuntó, o que “una persona de 80 años no pueda acceder al transporte público para llegar a la consulta médica”.

Por todo ello, la propuesta aprobada pide la puesta en marcha de “servicios de proximidad” y “la creación de intervenciones ambulatorias en zonas donde las infraestructuras son muy limitadas”. Además, subraya la necesidad de servicios específicos para mujeres con discapacidad y de programas de respiro para las familiares cuidadores.

Según Cuesta, “la ruralidad actúa como intensificador de muchas otras barreras que sufren las personas con discapacidad”. A su juicio, este estudio debe “servir de base” para la elaboración de políticas específicas. “Necesitamos saber cómo viven estas personas” en el mundo rural. “Veremos que muchas veces, simplemente sobreviven”, concluyó.

Justicia accesible

La Comisión aprobó también una proposición no de ley para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Contó con el apoyo de los grupos de PP, PSOE y Sumar e insta al Ejecutivo a diseñar un plan de acompañamiento y asesoramiento judicial personalizado para personas dependientes.

En concreto, esta propuesta insta al Gobierno a “poner en marcha los mecanismos pertinentes” que lo hagan posible y pide suprimir “las barreras que padecen las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia».

Entre estas, la portavoz popular en la Comisión, Violante Tomás, pidió garantizar los ajustes razonables necesarios y “adaptados al género y a la edad”, así como revisar los protocolos en los juzgados, a fin de que “la información sobre el itinerario y el procedimiento sea accesible de principio a fin”.

También demandó instalaciones amigables en los juzgados, sin “obstáculos físicos y sensoriales”, para “evitar la victimización secundaria” de estas personas, y aludió a la figura del facilitador judicial, que se debe extender; a la necesidad de simplificar el lenguaje; y a la disponibilidad de métodos de comunicación alternativa que aseguren el acceso a la información a todas las personas, como la lengua de signos, el braille, los subtítulos, la adaptación a lectura fácil, etc.

Tomás rechazó la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que defendió que el Gobierno “ya está actuando” y ha puesto en marcha muchas de estas medidas. Según su portavoz, Merçe Perea, “el PP llega tarde” con esta propuesta.

“No sé qué sería del Grupo Socialista sin la palabra ‘seguir y seguir’ que incluye en todas sus iniciativas», criticó Tomás, para quien “el Gobierno no tiene que seguir; tiene que hacer». «Los derechos sin hechos son papel mojado”, declaró.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío de Meer, aseguró respaldar “la accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad”, aunque criticó la referencia a la adaptación de los ajustes del proceso en función del género. “¿Se está refiriendo a los tribunales de excepción que creó la ley integral contra la violencia de género?”, preguntó. “No entendemos que hombres y mujeres con discapacidad tengan un acceso distinto a la justicia”, continuó su crítica.

Tomás repuso que “las mujeres son víctimas de trata, ablación y violencia de género…, crímenes que los varones no sufren”, por lo que “sí”, se necesita una adaptación específica para estos casos.

Por su parte, Rafael Cofiño, de Sumar, defendió la necesidad de formar a todos los agentes implicados en el proceso judicial para que sean capaces de identificar a las personas con discapacidad , ya sean víctimas, testigos o investigados.