Gobierno y comunidades dedicarán 2.000 millones de euros a transformar el modelo de macrorresidencias en uno de pequeña escala

La nueva Estrategia de cuidados empezará a desarrollarse en el año 2025, y lo hará siguiendo las pautas marcadas en un plan operativo lanzado este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales y para el cual se han movilizado más de 2.000 millones de euros. La inversión, movilizada junto a las comunidades autónomas, se destinará a llevar a cabo las casi 700 actuaciones recogidas en ese plan, que irán fundamentalmente a transformar el modelo de cuidados hacia la desinstitucionalización y fomentar una atención que se dé en mayor medida en los hogares.

Según detalla el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, el plan modificará la forma en que reciben los cuidados las personas mayores, las personas con discapacidad dependientes, las sin hogar y los menores migrantes. El objetivo es transitar hacia unos cuidados personalizados y «transformar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala que tenga lugar en los entornos comunitarios de las personas usuarias, para que no tengan que abandonar sus entornos».

En esa línea, una de las claves de la estrategia que empezará a desarrollarse en el próximo año residirá en garantizar una «vivienda digna y accesible», en primer lugar, para que los usuarios puedan recibir los apoyos necesarios en sus propias casas, y, en segundo, para prevenir la desinstitucionalización. «La vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para que se puedan desplegar otros muchos derechos, como el de los cuidados dignos y la autonomía personal», ha defendido Bustinduy.

El plan operativo está compuesto por cinco ejes: prevención de la institucionalización; participación y concienciación social; transformación de modelos de cuidado; servicios para la transición a la comunidad; y condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización.

Más de 600 millones a la desinstitucionalización

Para prevenir la institucionalización actual que caracteriza al sistema de cuidados, el primer eje despliega una serie de medidas destinadas a facilitar la vivienda, promocionar la salud y garantizar el acceso a servicios de proximidad. Con una dotación de 602,6 millones de euros, este eje recoge 233 actuaciones, entre las cuales aparecen la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social, de la Xunta de Galicia (modelo Housing First), la oferta de vivienda en alquiler de la Generalitat de Cataluña o las subvenciones para alquiler para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.

131 millones a fomentar la vida en comunidad

Otros 131 millones de euros irán a desplegar 125 actuaciones que, en resumen, buscan fomentar la participación activa de las personas dependientes en la toma de decisiones sobre sus vidas y el derecho a vivir en comunidad. Derechos Sociales pone aquí como ejemplo un proyecto de la Comunidad Foral de Navarra, que incluye a las personas con necesidades de apoyo y a sus familiares en los planes individuales de atención. Mencionan también las subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia en Ceuta y Melilla para crear consejos de participación infantil y adolescente.

«Revolucionar» la formación con 687 millones

El tercer eje, para el cual se movilizan 687,2 millones de euros, se centrará en «revolucionar la formación de los profesionales y la gestión del sector» para acometer esa transformación. Con 183 actuaciones, el fin es ofrecer a los cuidadores las herramientas para asegurar esa personalización de la atención y mejorar sus condiciones laborales. En este ámbito se incluyen medidas como el proyecto Apoyos conectados para la autonomía personal de Aragón, que incorpora la figura profesional del gestor de apoyos con el objetivo de retrasar al máximo el momento en el que un usuario deba trasladarse a una residencia.

584 millones a «alternativas dignas para vivir»

Con ese mismo objetivo de retrasar la institucionalización y conceder a las personas el derecho atener alternativas dignas para vivir y ser cuidadas en comunidad, el cuarto bloque contempla 125 actuaciones con una dotación de unos 584,3 millones de euros. «Para ello, se apuesta firmemente por el acceso a la vivienda y por el impulso de apoyos y servicios de base comunitaria que permitan a las personas poder vivir de acuerdo con su voluntad en sus comunidades», detalla el ministerio de Bustinduy, que menciona la creación de centros multiservicios y centros para «atención a la fragilidad y prevención de la dependencia» que contempla la Estrategia CuidAs del Pricipado de Asturias.

Casi 50 millones a la nueva ley de dependencia

Para llevar a cabo todas las medidas de los cuatro primeros ejes, el Gobierno considera necesario reformar la ley de dependencia y desarrollar un sistema de gobernanza y coordinación de la estrategia estatal, para lo cual se destinarán 47,9 millones de euros y se concretará en 29 actuaciones.