La publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las directivas que regulan las tarjetas europeas de discapacidad y de aparcamiento parece inminente, y supone un paso más en los derechos de las personas con discapacidad de la UE, pues validará el reconocimiento de discapacidad y los derechos que lleva asociados, ya no solo en el país en el que se otorga ese reconocimiento, sino en todos los de la UE.

Sin embargo, eso no va a ser inminente, sino que tras la publicación en el diario oficial, es labor de cada país de manera individual adaptar la legislación para que estas directivas sean una realidad.

La buena noticia es que la directiva es vinculante, es decir, que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros, y debe aplicarse en todos ellos y en un plazo determinado, un plazo que es de 30 meses para el proceso de trasposición, es decir, para que la legislación de cada país se adapte a esta directiva, y de 42 para que la tarjeta esté vigente.

Desde CERMI confían en que, al menos en España, esto se haga con cierta celeridad, pues nuestro país ha tenido un papel importante en todo el proceso de aprobación de la norma a nivel europeo, “gracias al impulso del Gobierno de España, motivado por su buena relación con el movimiento de la discapacidad, se logró acelerar mucho el proceso de aprobación de la directiva, ahora esperamos que España vuelva a ser pionera y confiamos en que lo antes posible esta norma europea se convierta en una norma española. La idea es que se apruebe cuanto antes y que, en este caso, España también vaya por delante para que a las personas con discapacidad también se nos considere ciudadanos y ciudadanas europeos de pleno de derecho”, asegura Pilar Villarino, directora ejecutiva de CERMI Estatal.

Desde el ministerio de derechos sociales, a quien compete llevar a cabo la transposición, aseguran, en palabras de Montserrat Coleto, Subdirectora General de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que, aunque su intención es que todo esté listo en el menor tiempo posible, “el proceso es complejo y la prioridad es hacerlo bien”, pero que lo más difícil, que era la aprobación de la directiva, “está hecho”.

Puntos clave de la norma europea que regula la tarjeta europea de discapacidad

La tarjeta europea de la discapacidad supondrá que las personas con discapacidad puedan moverse con mayor libertad, pues dispondrán, en estancias de un máximo de tres meses, de muchos los derechos de los que disponen las personas con discapacidad que residan de manera permanente en el país que visiten, como acceso gratuitos, prioritarios, ayudas a la movilidad, etc.

La directiva establece que estos derechos serán efectivos un máximo de tres meses, pero se podrán ampliar en caso de programas de movilidad, tipo Erasmus, y en otro tipo de estancias que decidan los países miembros en sus transposiciones. Desde el Ministerio de Derechos sociales aseguran que su intención es la de ampliar este tipo de estancias, pero antes de concretar cuáles tienen que hablar con el resto de ministerios.

En los ámbitos en los que no se aplicará esta tarjeta será en las prestaciones de Seguridad Social y en cuestiones de empleo, algo en lo que desde España están de acuerdo, pues consideran que “deben tener derecho a prestaciones en sus países de residencia y porque no es viable a nivel técnico trasladar las prestaciones temporalmente, solo si se produce un cambio permanente de la persona con discapacidad”, asegura Montserrat Coleto.

Esperamos que España vuelva a ser pionera y confiamos en que lo antes posible esta norma europea se convierta en una norma española

Tampoco afectará a cómo los estados valoran la discapacidad ni para expedir un certificado de discapacidad, es decir, a los baremos que en cada país para conceder o no las tarjetas de discapacidad.

Una novedad que sí incluye la tarjeta Europea de discapacidad y que aplaude especialmente el movimiento asociativa de la discapacidad es hacer extensibles los derechos de esta tarjeta a los animales de asistencia y a los asistentes personales que acompañen a las personas con discapacidad.

La norma contempla otras cuestiones, como que los estados tienen que poner todos los medios necesarios para garantizar el acceso, que la tarjeta tendrá que tener una versión digital o que se deberá difundir la tarjeta y las condiciones para adquirirla

Sin embargo, a pesar de ser una norma de obligado cumplimiento, deja margen a los estados para pulir algunos aspectos, que es a lo que se tienen que dedicar los próximos mes los estados miembros.

Los próximos pasos a seguir

A la tarjeta europea le queda todavía un largo proceso para que sea una realidad en toda la UE, pues una vez que se publique, queda mucha tarea por delante, “España ha estado muy involucrada en la directiva, ha hecho muchas aportaciones y hemos empujado para que fuera una norma vinculante, por eso vamos a ponernos a trabajar enseguida, pero la tramitación de una norma europea es compleja, hay muchos actores políticos y administrativos involucrados”, advierte Montserrat Coleto, Subdirectora General de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, recuerda que hay que abordar dos aspectos, tanto la tarjeta de discapacidad, la más importante, como la tarjeta de estacionamiento, “lo más probable es que se derogue el decreto de la tarjeta de estacionamiento y aprovechamos para hacer un real decreto nuevo, no sabemos si uno para las dos cosas, o uno para cada uno, pero este se derogará muy probablemente”, explicaba recientemente Montserrat Coleto en un seminario organizado por CERMI.

Vamos a ser todo lo diligentes que podamos en la tramitación, pero sobre todo nuestra voluntad es que se haga bien y eso lleva su tiempo

En cuanto se publique la directiva, desde el Ministerios de Derechos Sociales, encargado de la transposición, “se publicará la consulta pública previa y atenderemos todas las aportaciones que nos lleguen de los agentes implicados. Escucharemos al tercer sector y a la sociedad civil para que nos trasladen cuáles son las necesidades que ellos consideren que deben incluirse para beneficiar al resto de personas con discapacidad de la UE”, señala Monsterrat.

Cuando se cierre la consulta y se hagan las valoraciones oportunas, se procederá a la redacción del texto que tendrá como base la propia directiva, “además, se introducirán cuestiones en las que tienen potestad los estamos miembros, como los plazos y otros beneficios que puedan incluirse, nuestra intención es tender a máximos, no ser restrictivos”, asegura Coleto.

Después, como cualquier ley, irá a audiencia pública y se procederá a la negociación con el resto de ministerios. Aunque saben que el proceso será largo, sí esperan que no más de lo habitual, pues reconocen que, en materia de discapacidad, “el consenso ha sido la tónica dominante”.

La transposición de las normas europeas no es una carrera, de nada sirve darnos mucha prisa si el resto de los países no han seguido los mismos pasos

Además, Coleto advierte de que hay muchas cuestiones prácticas que pulir, “cuestiones de logística aún sin resolver, como si se emitirán tarjetas nuevas, si se esperará a que se renueven, hay que ver de quién es la competencia de la expedición de la tarjeta, la vigencia…”, todas cuestiones con las que hay que contar con las comunidades autónomas, “nosotros vamos a ser todo lo diligentes que podamos en la tramitación, pero sobre todo nuestra voluntad es que se haga bien y eso lleva su tiempo, además de que hay que contar con las comunidades y eso supone contar con 20 realidades. Tenemos que asegurarnos de que cuando llegue sepan qué tienen que hacer y tengan los medios para hacerlo…”.

A pesar de que el tercer sector apremia para que la tramitación sea rápida, y para que España sea el primer país es adaptar la legislación, desde el Ministerio hacen un llamamiento a la prudencia y a hacerlo en la medida de la posible, lo más cerca posible del resto de los estados miembros, “la transposición de las normas europeas no es una carrera, porque de nada sirve darnos mucha prisa si el resto de los países no han seguido los mismos pasos. Si en España nos damos prisa, pero en nuestros países vecinos no, se va a crear mucha frustración o confusión en los ciudadanos, especialmente en los españoles que tengan su tarjeta y viajen a un país en el que no está vigente. Vamos a hacerlo en el menos tiempo posible, pero teniendo todo esto en consideración“, insiste la Subdirectora General de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.