La prohibición del despido por discapacidad sobrevenida llega este martes al Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados comenzará este martes a tramitar el proyecto de ley aprobado por el Gobierno para poner fin a la extinción automática del contrato de trabajo en situaciones de reconocimiento de incapacidad permanente por discapacidad sobrevenida, una medida pactada entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En concreto, el proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente, deberá superar una enmienda a la totalidad presentada por Vox para tratar de impedir que se tramite y que se devuelva al Ejecutivo.

En este punto, el Cermi ha mantenido contactos con las diferentes formaciones políticas para pedir su ‘sí’ al texto y el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox. Así, la entidad confía en el “apoyo amplio de los grupos políticos a esta reforma ineludible del ordenamiento laboral que dispensará un trato adecuado y respetuoso a los trabajadores con discapacidad sobrevenida”.

El texto fue impulsado por el Ministerio de Trabajo junto al de Derechos Sociales a comienzos de este año, en el marco de la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’ y para reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

En el debate de este martes intervendrá, para la defensa del proyecto de ley, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, según pudo confirmar Servimedia en fuentes del Ministerio.

Contenido legal

La modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando con ello estas causas de la muerte de la persona trabajadora.

La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora que podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada o el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.

Por su parte, la enmienda a la totalidad de Vox sostiene que aunque la finalidad de la reforma legal sea la subsistencia del contrato de trabajo, el Gobierno “yerra por completo en su desarrollo práctico”.

Carga

Además, la enmienda de Vox emplea argumentos como que el proyecto de ley “viene a trasladar la carga económica que supone la prestación de incapacidad permanente desde las arcas del sistema de Seguridad Social a las empresas, ya que, de optar el trabajador por el mantenimiento de su puesto de trabajo, la empresa correrá a cargo del salario y las cotizaciones del empleado, al que no deberá abonarse la prestación pública”.

“Sin duda esto tiene muchos aspectos positivos, pero hay un factor que también debe valorarse: la carga excesiva para la empresa que, tras haber estado cotizando por contingencias que pueden dar lugar a una situación de incapacidad permanente, una vez concretado el riesgo cubierto, deba continuar abonando en exclusiva las obligaciones económicas para con la persona afectada”, añade.