El Congreso aprueba que la DGT done a las autoescuelas coches adaptados para conductores con discapacidad

La Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde una proposición no de ley que insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a comprar vehículos adaptados para autoescuelas con el fin de facilitar la obtención del carné de conducir a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

La iniciativa contó con 18 votos a favor (del PP, Vox y Coalición Canaria), 15 en contra (PSOE y Sumar) y 4 abstenciones (Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH-Bildu y PNV).

Se trata de una iniciativa del PP prácticamente idéntica a la que los populares presentaron en febrero de 2023, pero esta caducó al no tramitarse a tiempo por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio del año pasado.

La proposición no de ley, recogida por Servimedia, reclama a la DGT la compra de «un número suficiente de vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita” a las escuelas particulares de conductores con el fin de que se utilicen en las clases prácticas que hagan personas con discapacidad que aspiren a obtener el carné de conducir.

Además, propone que jefaturas provincias y locales de tráfico también cuenten con vehículos adaptados para que personas con movilidad reducida hagan el examen práctico para tener el permiso de conducir o para su renovación extraordinaria.

Igualmente, la iniciativa pretende que el Gobierno impulse ayudas económicas para adaptaciones de vehículos comprados por españoles con movilidad, con residencia legal en España y que tengan mayores dificultades económicas, atendiendo a las variables de renta familiar, patrimonio y/o unidad familiar.

Portavoces

Elisa Vedrina, del PP, defendió la proposición no de ley apuntando que “las personas con movilidad reducida se enfrentan diariamente a numerosos desafíos, uno de los cuales les dificulta e incluso impide obtener el permiso de conducir en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía”.

Vedrina indicó que pocas provincias españolas cuentan actualmente con autoescuelas que dispongan de vehículos adaptados para personas con discapacidad, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Vizcaya. “No estamos pidiendo ningún privilegio, estamos defendiendo la igualdad. Las adaptaciones de vehículos tienen un coste entre 3.500 y 12.000 euros aproximadamente”, apostilló.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Oriol Almirón, justificó el voto en contra de los socialistas al calificar la iniciativa de “técnica y económicamente inviable”. “¿A qué autoescuelas se destinarían estos vehículos? Porque hay muchas autoescuelas. ¿Cuántos vehículos habría que comprar para que todas estas autoescuelas tengan un coche adaptado para todos los tipos de discapacidad? ¿Cómo se repartirían de manera equitativa? ¿Y qué adaptaciones se deberían incluir? Porque cada discapacidad requiere de ajustes únicos y personalizados en los vehículos”, preguntó.

Fèlix Alonso, de Sumar, recalcó que el PP “se ha pasado de frenada” con la iniciativa porque el Gobierno “no va a financiar las autoescuelas”. “Por supuesto, todas las bonificaciones, todas las subvenciones y todas las ayudas, pero la compra, no”, dijo.

Inés Granollers, de Esquerra Republicana, propuso subvencionar la formación de profesores especializados y subvencionar adaptaciones de vehículos.