El Pleno del Congreso de los diputados debate y vota hoy la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca acabar con «los copagos confiscatorios» en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Esta admisión llega después de que el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, compadeciera en el Congreso para pedir que se tomara en condición esta propuesta después de varios años, como explica Óscar Moral, Asesor jurídico de CERMI Estatal, «ya presentamos en 2017 esta iniciativa legislativa popular con casi 740.000 firmas, y a pesar de que ha habido, desde entonces, distintas legislaturas, se ha ninguneado. Por eso, hace unos días, el presidente de CERMI volvió a comparecer en el congreso para revitalizar esta iniciativa legislativa popular. Creemos que, al menos, esta ILP tenía que ser llevada al Congreso, y luego modificarla si se cree conveniente, pero que al menos sea tenida en cuenta, que se reactive y se debata».

Esta iniciativa contempla, principalmente, la eliminación del copago de los servicios que se prestan a través de la ley de dependencia, que ahora mismo se existe para rentas iguales o superiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), unos 600 euros al mes (7.200 al año), «superada esa cantidad, el porcentaje del copago puede llegar hasta el 90% dependiendo del servicio que esté recibiendo», informa Moral.

Para limitar estos copagos, esta IPL propone elevar el límite, «que sea de de 2,5 veces el IPREM, de unos 1.500 euros al mes. Es decir, que una persona con unos ingresos iguales o superiores a esos 1.500 euros al mes (unos 18.000 al año) no participe del copago», explica Moral, «también, que ese copago en ningún caso supere el 60% del coste del servicio, porque ahora, en algunos, puede llegar hasta el 90%. La idea es asegurar siempre el 40% del IPREM como renta disponible, y que no se tenga en cuenta el patrimonio a la hora de establecer estos copagos».

Más igualdad entre comunidades

A juicio de Luis Cayo Pérez, la situación actual provoca «un copago exacerbado», «grandes diferencias entre territorios» y «no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino su compra, por lo que expulsa a potenciales beneficiarios de los servicios sociales». Además, «invita a las comunidades a caer en la tentación de hacer que el sostenimiento del sistema recaiga en los usuarios», asegura.

Esto provoca, a su vez, que haya muchas desigualdades entre unas comunidades y otras, pero en realidad no se sabe cuánto, pues los datos son confusos, «sabemos que existen copagos en todos los servicios, pero varía mucho de unas comunidades a otras y eso genera mucha desigualdad porque hay 17 modelos distintos, con precios distintos, porcentajes distintos… Se habla de un copago de un 24%, pero los datos son tan dispersos y hay tanta desigualdad que casi no tenemos ni que tomarlos en consideración. Hay tanta diferencia que incluso en algunas, como Madrid, para las personas con discapacidad -para las mayores sí- no hay copago», señala Moral.

La ley es demasiado rígida, debería ser más flexible y adaptarse a las necesidades de cada persona

El Libro Blanco de 2004 y 2005, «utilizado como base de la futura ley», estimó que un tercio de la financiación del sistema debería proceder del Estado, otro tercio, de las comunidades autónomas, y el resto «por los particulares», pero, como subrayó el presidente de Cermi en el Congreso, «no tenemos idea de si esto es así».

Denunció además que una ley que nació con la idea original de fomentar los cuidados profesionales «se ha desvirtuado» en la práctica.

¿Qué pasa con las incompatibilidades?

Esta IPL se centra en los copagos y no contempla otra demanda histórica de los beneficiarios de la ley de dependencia y sus familias, que es el tema de las incompatibilidades que existen en la ley, un tema que desde Cermi sí esperan que se incluya en la esperada reforma, «la ley, tal y como está ahora, contempla muchas incompatibilidades, y muchas de ellas tendrían que valorarse porque, por ejemplo, la prestación por cuidados en el entorno familiar es incompatible con casi todas las prestaciones, al igual que el servicio de atención diurna, que es incompatible con todo, prácticamente, y esto obliga a las familias a elegir entre un servicio u otro».

Ahora mismo, por ejemplo, los cuidados en el entorno familiar son incompatibles con la atención diurna y la ayuda a domicilio, «no entendemos cómo no pueden ser compatibles… la ley es demasiado rígida, debería ser más flexible y adaptarse a las necesidades de cada persona y, sobre todo, fomentar esa parte de la ley tan olvidada de la ley, la de fomentar la autonomía de las personas».

Y es que, como insiste Óscar Moral, muchos de estos servicios a los que tienen que renunciar, tienen que ver «con el fomento de la promoción de la autonomía personal y a fomentar la autonomía, que se supone que es uno de los objetivos de esta ley, una parte que, en realidad no se están llevando a cabo, a pesar de que es la primera que aparece en el título. No hay que olvidar que la ley, aunque la denominamos ‘ley de dependencia’, en realidad, se llama ‘Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia’»

También proponen desde Cermi que se amplíen algunos de los servicios que plantea la ley, como «los servicios de ayuda en el domicilio, que son insuficientes, y por supuesto, habría que elevar las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, el tema del asistente personal, que tenemos que fomentar, etc.».

Hay personas que no llegan a entrar en el sistema porque fallecen antes. Eso crea frustración y situaciones que no permiten a las personas llevar una vida digna

En definitiva, mucho por hacer en un sistema que, desde Cermi alertan «tal y como está ahora, corre el riesgo de colapsar». Sobre todo, por las listas de espera que, aunque varían de una comunidad a otra, son excesivas en todo el territorio nacional, «ahora, la media de espera en España para conseguir una valoración es del casi 11 meses, 323 días, y algunas comunidades autónomas superar esos once meses. Esto es un tema muy preocupante. Hay personas que quieren entrar en el sistema, y no pueden, porque fallecen antes. En personas mayores esto sucede muy habitualmente. Y eso crea una frustración y situaciones que no permiten a las personas llevar una vida digna».

Un problema que, a juicio de Óscar Moral, tiene ‘fácil’ solución, «para reducir las listas de espera, no hay otra que poner medios y recursos», dice tajante.