Crece un 20% los alumnos en centros especiales en los últimos cinco años a pesar del plan para reorientarlos a los ordinarios

El alumnado en centros de educación especial ha crecido un 20% en cinco años, a pesar del plan para reorientarlos a centros ordinarios. Esto es lo que denuncia el segundo informe sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña elaborado por Dincat y Granara Fundación. El estudio apunta que el alumnado con discapacidad intelectual solo representa un 0,8% del total de alumnos inscritos en educación infantil, primaria y secundaria y que el curso 2022-2023 el alumnado en centros de educación especial se elevó a 8.207, un aumento del 1,7% respecto al 2021-2022 y de un 20% respecto a los últimos cinco años. Por otro lado, el informe apunta que solo un 16% de personas con discapacidad intelectual entiende la información de la administración pública.

El informe, que aborda la situación de las personas con discapacidad intelectual en diferentes ámbitos, apunta que la mayoría del alumnado con discapacidad intelectual que se encuentra en centros ordinarios está en centros públicos y que los centros privados concertados y los no concertados están «por debajo del que los correspondería». Por otro lado, el documento indica que el alumnado con discapacidad intelectual solo representa un 0,04% del total, una cifra que disminuye respecto al curso anterior.

Sobre el aumento del alumnado en centros de educación especial, el director de Dincat, Víctor Galmés, ha dicho que hacen falta más recursos en la escuela ordinaria para que la experiencia de las personas con discapacidad sea «satisfactoria». También ha dicho que hace falta que los centros trabajen «más conjuntamente» para evitar que las personas con discapacidad se sientan con menos apoyo en los centros ordinarios.

Maria Sánchez, coautora del informe, ha añadido que algunos de los encuestados decían que se sienten más discriminados en los centros ordinarios que en los de educación especial. «Es una cuestión de recursos», ha afirmado Sánchez, que también ha lamentado la carencia de datos sobre personas con discapacidad en algunos ámbitos, como la participación en la vida pública, la cultura o el deporte. «Falta mucha información», ha remarcado, haciendo un llamamiento a las administraciones para recoger y compartir más datos.

En el ámbito de la ocupación, el estudio también señala que una de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tiene trabajo, a pesar de que el 78% de los que están desocupados querría trabajar. El informe remarca así la necesidad «urgente» de incluir las personas con discapacidad intelectual al mercado laboral. Aun así, los sueldos que reciben son la mitad que los del resto de la población y un tercio menos que los del resto de personas con otra discapacidad.

Por este motivo, el estudio pone el foco en la necesidad que las políticas públicas apoyen a que las personas con discapacidad intelectual puedan tener un nivel de vida adecuado. Sobre las ayudas, el informe remarca que el 63% de las personas que recibían la prestación no contributiva de invalidez el 2023 tenían una discapacidad intelectual. El cálculo de esta pensión media no contributiva se encontraba por debajo de los 440 euros mensuales el 2022, cosa que representa el 44% del salario bruto mínimo interprofesional, subraya el estudio.

El informe también señala que hay una lista de espera de más de 3.800 personas para acceder a centros residenciales u hogares de residencia, que el número de usuarios de los servicios de atención temprana se ha multiplicado por 10 y que una de cada tres mujeres con discapacidad intelectual no ha ido nunca a una consulta ginecológica. También indica que un 78% de las mujeres con discapacidad intelectual preguntadas tiene que suspender sus actividades habituales durante la menstruación y que el 72% no decide qué productos menstruales usa. En vivienda, el 52% de los preguntados dice que no ha podido elegir el lugar donde vivo.

En cuanto a la accesibilidad, el estudio indica que la información proporcionada por la administración pública, tanto en papel como de manera digital, es la que menos entienden las personas con discapacidad. Por el contrario, la información y señalización del transporte público es la que más comprensible los resulta, a pesar de que solo un 38,1% de las personas preguntadas considera que el nivel de comprensión es fácil.