Un sistema que favorece la desigualdad

En España, los trámites de los grados de dependencia y de los certificados de discapacidad son un grave problema y una gran injusticia para las personas afectadas. Uno de los mayores desequilibrios radica en las diferencias territoriales: la legislación nacional se implementa de manera dispar en cada comunidad autónoma, creando desigualdades que dependen del lugar de residencia. En alguna comunidad los trámites son más ágiles, mientras que en otras los retrasos pueden extenderse más de un año. Hay personas demandantes que fallecen esperando su prestación.

Además, la falta de acceso a recursos asistenciales hace que muchas personas no puedan acceder a una vida independiente y autónoma, un derecho básico que debería estar garantizado para todos.

Señalaré que esta situación no puede explicarse únicamente desde una perspectiva administrativa o de falta de recursos. Existe una desconexión política entre las distintas administraciones. Algunas comunidades invierten más en atención social y priorizan los recursos para las personas con discapacidad y dependencia, mientras que otras relegan estos temas a un segundo plano, priorizando otras áreas.

La solución no pasa solo por acortar los plazos, sino por garantizar una atención equitativa y coordinada en todo el país. Las personas dependientes y con discapacidad no deberían ser víctimas de un sistema que favorece el azar y perpetúa la desigualdad.