El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha emitido una condena al Estado español por vulnerar el derecho de las personas con discapacidad intelectual a acceder a la Justicia en igualdad de condiciones, según informó este miércoles Plena inclusión España.

En su dictamen, el Comité señala que el sistema de Justicia español no garantizó los derechos de defensa y a un juicio justo de una persona con un 73% de discapacidad intelectual, condenada en 2015 a 25 años de prisión y que actualmente permanece en la cárcel.

La denuncia fue presentada en su nombre por Plena inclusión España, con el argumento de que «en ningún momento se facilitaron los ajustes de procedimiento» que esta persona necesitaba para «garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo».

Según los hechos contrastados, «ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración, detectaron que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual», apuntó Plena inclusión.

Sin embargo, cuando esta condición se acreditó ante el juzgado, «tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma, a pesar de que Plena inclusión Castilla-La Mancha alertó de esta necesidad».

En el documento, el comité de la ONU considera que «tanto los jueces como la fiscalía deberían haber actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor».

Ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración, detectaron que el acusado era una persona con discapacidad intelectual

Asimismo, indica que el Estado español “debe proporcionar a la persona con discapacidad una compensación por los daños provocados y por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar esta comunicación».

«El Estado también tiene la obligación de ofrecerle un juicio con todas las garantías«, prosigue, y de «asegurar que el acusado disponga de los ajustes procedimentales y apoyos necesarios conforme a la presente decisión y a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad», refrendada por España en 2007.

Esta denuncia, presentada por Plena inclusión España al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2019, fue elaborada de forma conjunta con alumnado de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.

Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, calificó de «especialmente acertada» la petición de la ONU.