Las listas de espera de la vergüenza

Esta semana la discapacidad copa las portadas por el acuerdo alcanzado por PP, PSOE, Sumar y Junts para aprobar la postergada ley ELA que incluirá atención continua las 24 horas del día y ampliará ese escudo protector a otras enfermedades neurodegenerativas, aún por definir. Como apunta Chema R. Morais en 20minutos en su columna titulada Si se quiere…: «parece que cuando hay voluntad es posible llegar a consensos en favor de los ciudadanos. Vamos, lo que debería ser la política».

En una época en la que la crispación y el enfrentamiento campan a sus anchas y los acuerdos se antojan poco menos que imposibles, es la segunda vez que este consenso se produce con las necesidades de las personas con discapacidad como motivador. No queda tan lejana la histórica reforma de la Constitución. Estos acuerdos son necesarios bálsamos en el panorama político, inyectores de calma y de confianza en nuestros gobernantes. Ojalá esa voluntad de entendimiento que repercute positivamente en toda la sociedad se extendiera a otras realidades imperiosamente necesitadas de ayuda.

Si los enfermos de ELA no disponen de tiempo, miles de niños que nacen con una discapacidad o las personas a las que les sobreviene en la vida adulta, tampoco. Es irreprochable que se aceleren los procesos para reconocer la discapacidad de las personas con ELA, pero es imprescindible establecer como objetivo a corto plazo que también se reduzcan para todo el mundo. No puede consentirse que haya comunidades autónomas en las que estos reconocimientos, que abren la puerta a ayudas imprescindibles y merecidas, se demoren incluso más de dos años. Demasiados mueren sin haberlas recibido.

No hace mucho, el Defensor del Pueblo dio un toque de atención a las Comunidades Autónomas tras haberse percatado de que las quejas al respecto se han triplicado en cinco años. Es cierto que en la valoración de la dependencia se pusieron las pilas y redujeron plazos, pero en lo que respecta al reconocimiento de la discapacidad, vamos a peor. El 76% de los afectados espera más tiempo del que marca la ley para obtener el certificado de discapacidad, que son seis meses. Es así desde hace ya décadas, y parece que aquí no pasa nada más allá de una absoluta impunidad.

Es solo un ejemplo entre muchos otros que requerirían actuación inmediata, pero probablemente sea el más urgente para las personas con discapacidad, el más perentorio. La necesidad de un plan de choque a nivel nacional es obvia. Y la solución no es compleja en este caso, simplemente se traduce en más medios, en más centros base y más profesionales trabajando para reducir, si no es posible eliminar, estas listas de espera de la vergüenza. Es decir, en dinero y voluntad. Jamás olvidemos que, también aquí, el tiempo se mide en vidas.