Las personas con discapacidad contarán en Madrid con un nuevo apoyo en los procesos judiciales

Remover obstáculos y garantizar la igualdad de trato. Las personas con discapacidad que se vean envueltas en un procedimiento judicial en la Comunidad de Madrid contarán con un experto facilitador de apoyo en los juzgados. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Decreto que regula esta figura y que permite a las personas con discapacidad a entender y ser entendidas.

«Constituye un hito en aras a garantizar la participación de la persona con discapacidad en plena igualdad dentro del proceso», expuso el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe donde destacaba el carácter «precursor» de la medida. Con esta regulación, la Comunidad de Madrid es la primera región que formaliza legalmente este recurso público. En la última reforma de la legislación civil y procesal, incluía la posibilidad de añadir los ajustes necesarios para evitar que las personas con discapacidad sufrieran cualquier tipo de discriminación durante un procedimiento.

El servicio de facilitador judicial se incluye dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, la administración autonómica proporcionará formación a los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito para que puedan desempeñar esta función y proporcionen apoyo a las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier tipo de violencia.

«Espero que el Ministerio de Justicia y otras administraciones puedan implementar esta medida para que aquellas personas con discapacidad pueden desenvolverse con normalidad en los procesos jurídicos», ha manifestado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, tras el Consejo.

Con el Decreto aprobado se regulan los requisitos que debe cumplir cualquier persona para poder ejercer como facilitador judicial. Así, será necesario contar con la titulación en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. Junto a ello, deberán contar con una formación específica en cursos de especialización con una duración mínima de 100 horas. Junto a esto, la normativa recoge

Para implementar esta medida, la administración regional dispone de la colaboración y asesoramiento especializado de entidades con una dilatada experiencia. En paralelo con esta regulación, desde la Comunidad de Madrid se contempla incluir a diez nuevos facilitadores, psicólogos y trabajadores sociales en las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito.