Derechos sociales propondrá una reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y promete ampliar prestaciones y servicios

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, va a arrancar la próxima semana la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que plantearán la ampliación del catálogo de prestaciones y servicios centrado en reforzar los servicios de asistencia personal, teleasistencia y atención a domicilio, entre otros.

Además, en las próximas semanas su departamento va a presentar la Estrategia de cuidados y desinstitucionalización, «aparejada de un gran esfuerzo presupuestario y de financiación» que quiere negociar en las cuentas de 2025.

El ministro ha hecho estos anuncios en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que celebra este martes el primer Consejo Estatal de Personas Mayores de esta legislatura.

«Vamos a acometer esta transformación del modelo de cuidados apostando por un giro copernicano en las políticas públicas, teniendo en cuenta las preferencias, los deseos y las necesidades de las personas que requieren de estos servicios», ha aseverado.

Un reforma para las dos leyes «lo antes posible»

La próxima semana el Ministerio de Derechos Sociales sacará a consulta pública el anteproyecto en que el que quiere incluir las dos reformas, de la ley de dependencia y de la ley de discapacidad, que quiere llevar al Consejo de Ministros «lo antes posible» para continuar con la tramitación parlamentaria.

«Arrancamos la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia para cumplir los mandatos de la reforma del nuevo artículo 49 de la Constitución y para adecuarlas a los principios de plena autonomía de accesibilidad y de derecho», ha asegurado Bustinduy.

El ministro ha explicado, que aunque las líneas generales de la reforma son para adaptarlas al reciente cambio constitucional, «recogen cierto consenso entre las personas expertas en este ámbito que tiene que ver con una apuesta decidida por el cambio del modelo de cuidados«.

«Envejecer con bienestar es una conquista social y también es un reto democrático, en el sentido de que no puede depender del patrimonio, de la riqueza o de la familia o el barrio donde viva cada cual; tenemos derecho a envejecer en condiciones de autonomía y de bienestar», ha abogado.

Para ello, el nuevo texto incluirá una ampliación del catálogo de prestaciones y servicios para reforzar los servicios de asistencia personal, de teleasistencia y de atención a domicilio, entre otros aspectos, ha añadido.

Una estrategia dotada con fondos europeos y presupuesto de 2025

«La estrategia planteará un rumbo, un horizonte, un nuevo modelo de políticas públicas y como tal, la estrategia se ha desarrollado ya de manera totalmente coordinada con las comunidades autónomas, muchas de las intervenciones que se plantearán son de competencia autonómica», ha explicado el ministro.

Bustinduy confía en los «amplísimos consensos entre distintos actores políticos, ideológicos y sociales» para aplicar la estrategia que incorpora el «prisma de cooperación y coordinación».

La estrategia de cuidados y desinstitucionalización que impulsará Bustinduy abarcará actuaciones de diversos ministerios y ámbitos de las Administraciones Públicas, «en coordinación y colaboración con el Tercer Sector y con todos los agentes sociales implicados».

Contará con una dotación inicial presupuestaria dentro de los fondos europeos que tiene a disposición el Ministerio y del plan de recuperación, aunque espera que en las cuentas de 2025 se haga «un gran esfuerzo presupuestario y de financiación» para dotarla.

«España es uno de los muy pocos países que ha aprovechado la oportunidad de utilizar los fondos europeos para financiar proyectos de innovación en políticas públicas, encaminados a esa transición del modelo de cuidados y, por tanto, estos proyectos que se desarrollan en colaboración con todas las comunidades autónomas, ya están financiando actuaciones sobre el terreno en esta dirección».

Para el responsable de Derechos Sociales, esta hoja de ruta pondrá en valor que «invertir en dependencia y en apoyo a la autonomía personal no equivale solo a construir macro residencias que se convierten en negocios privados y que no brindan las condiciones de dignidad y bienestar que merecen las personas que viven en esas residencias».

Una de las patas de la estrategia será mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, de los que más del 80 % son mujeres y de ellos un 40 % mujeres migrantes.

«Existe un consenso mucho más amplio en estas mesas de negociación del que luego existe la conversación pública, o en el Congreso de los Diputados; todo aquel que conoce las políticas sociales y que conoce las políticas de dependencia y de apoyo a la autonomía personal, sabe que tenemos que transformar este modelo y más o menos estamos de acuerdo en el hacia dónde ir la estrategia», ha concluido.