Cambios en la ley de discapacidad, cuotas en el empleo, más becas educativas… así es el nuevo plan para el autismo del Gobierno

Cambio en las becas y ayudas al estudio, desinstitucionalización de la atención o la creación de un Centro Español sobre trastorno del espectro del autismo (TEA). Son algunas de las medidas que recoge el primer plan de acción para las personas con autismo, presentado este martes por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. El documento, que aterriza los objetivos marcados en la Estrategia que se aprobó en 2015, aglutina una serie de líneas de actuación a acometer en los próximos tres años para mejorar la vida de las en torno a 450.000 personas que viven con TEA en España; más de un millón si se cuentan también a sus familiares.

«Con este plan damos forma a una pluralidad de actuaciones específicas para que por fin el TEA tenga un nombre propio, que sea conocido y reconocido en la sociedad de tal manera que los poderes públicos puedan comprometerse con los principios de autonomía, inclusión e igualdad», ha aseverado Bustinduy durante su visita al Centro Español sobre Trastorno del Espectro del Autismo, donde ha presentado la estrategia con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

En concreto, el plan —para el cual se ha destinado una partida presupuestaria de 40 millones de euros— se articula en torno a 15 líneas estratégicas, cuatro de ellas transversales y 11 específicas, que contemplan un total de 33 medidas que van desde la concienciación y sensibilización de la sociedad y la formación de los profesionales (elaboración y despliegue del Plan de Acción, investigación, formación y toma de conciencia); a una mejora en los sistemas de detección y prevención (con la puesta en marcha de programas específicos).

También plantean mejoras en el ámbito de la investigación (la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre TEA); así como en la accesibilidad de estas personas (con la modificación de la ley general de derechos de las personas con discapacidad). Líneas estratégicas que, en definitiva, y según destacan desde Derechos Sociales, «se alinean con el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU».

La mayor parte del presupuesto, 28,2 millones de euros, se destinarán a la línea de actuación dedicada a «contribuir a la educación y al empleo inclusivos y de calidad de las personas en el espectro del autismo». Otros 4,6 millones de euros irán a «contribuir a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad de las personas con autismo», priorizando la desinstitucionalización del sistema; y 3,1 millones a «promover el acceso a la justicia y empoderamiento de derechos».

A impulsar el «conocimiento» y el «respeto» hacia las personas con autismo se destinarán 2,7 millones de euros. Y más pequeñas serán las partidas destinadas a impulsar la investigación, formación e innovación, con medidas como la creación de un centro de accesibilidad cognitiva y otro específico sobre TEA (467.900 euros); o a favorecer la detección y diagnóstico precoz, y el abordaje integral de la salud de las personas con autismo (320.490 euros).

Detección y empleo

De entre todas las medidas, el ministro ha querido destacar una de las que serán las prioridades de su departamento en los próximos tres años: favorecer la detección y el diagnóstico precoz de las personas con TEA, y en especial de las niñas y mujeres. «Para eso hemos incorporado un nuevo baremo de reconocimiento de discapacidad de TEA como uno de los factores susceptibles de generar condiciones de discapacidad», ha avanzado.

En ese sentido se prevé también un marco de la detección durante los 1.000 primeros días de vida, un periodo contemplado en la ley de familias que acaba de aterrizar en el Congreso y que, ha subrayado el ministro, «debe servir para formalizar el apoyo de la Administración General del Estado y de todos los poderes públicos a la atención temprana».

El plan se enfocará también en reducir las altas tasas de desempleo, que entre las personas con autismo se disparan del 75 al 90%. «Somos conscientes del gravísimo problema que representa la inclusión laboral de las personas», ha reconocido Bustinduy, quien ha anunciado que su departamento impulsará nuevas medidas para incrementar las cuotas de reserva en el empleo, reconociendo a estos empleados en la nueva ley de empleo como un colectivo de «especial vulnerabilidad» y, por tanto, con un alto riesgo de exclusión social. «Las personas con autismo pueden generar progreso y desarrollo, al mismo tiempo que lideran en primera persona su propio destino», ha subrayado.