Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
ARACELI GUEDE
La Guardia Urbana «estudiará las recomendaciones efectuadas por la ONU«. Así lo aseguran fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a este diario al ser preguntadas por el dictamen que determina que la expulsión de un agente en 2010 tras sobrevenirle una incapacidad es discriminatoria y vulnera la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, vigente en España desde 2008. El Consistorio insiste no obstante en que se actuó conforme a la normativa vigente.
El equipo de Gobierno se acoge al reglamento de segunda actividad por el que se rige la policía local, aprobado en 2002. Este establece que solo es compatible el paso a funciones no operativas con la declaración de invalidez parcial.
La resolución de Naciones Unidas hace referencia al caso de Vicente Flores, para quien el Ministerio de Trabajo determinó la incapacidad total permanente para ejercer su profesión en 2009, a los dos meses de sufrir el accidente que le destrozó el pie derecho. En 2010 el Ayuntamiento le denegó el pase a segunda actividad y forzó su jubilación, amparándose en la ordenanza municipal que excluye de ese traslado a todo aquel que tenga reconocida una incapacidad laboral, salvo que sea parcial.
El Consistorio apunta ahora que la comisión técnica creada para el estudio de la compatibilidad de la incapacidad permanente con la condición de funcionario público en activo constató que el citado reglamento «respeta y se ciñe a los parámetros legales previstos en la normativa». Las fuentes consultadas agregan que en 2017 se trabajó con el Departamento de Interior de la Generalitat en un proyecto de ley para regular esta situación para todas las policías de Cataluña, pero que «esta iniciativa cayó con la abrupta finalización de la última legislatura y ahora se tendrá que volver a iniciar».
El Ayuntamiento cita también una sentencia del Tribunal Supremo para justificar que la percepción de una pensión por invalidez permanente total no es compatible con el mantenimiento de la condición de policía local en activo y la correspondiente retribución, «aunque sea en situación de segunda actividad».
«Adaptar el reglamento»
Frente a esa legalidad que el Ejecutivo local alega, la resolución de la ONU determina que el Estado —contra el que se dirige por ser el firmante del tratado internacional— debe adoptar medidas para garantizar que Vicente sea sometido a una evaluación funcional alternativa, «ya sea considerando las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras complementarias». Le exige además que adopte las disposiciones necesarias para que las ordenanzas del Consistorio se ajusten a los principios de la convención y lo recogido en el dictamen y avisa de que es su responsabilidad «evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro».
En esa línea, en una rueda de prensa ofrecida este viernes junto al afectado, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) ha reclamado que se adapte el reglamento de segunda actividad del cuerpo a la convención, «anulando su contenido discriminatorio hacia determinadas situaciones de discapacidad».
Vía registro, Antonio Guillén, presidente de este colectivo, y el propio Vicente han entregado una copia de las conclusiones del dictamen a la alcaldesa, Ada Colau, y al comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, así como a otros responsables municipales en materia de Seguridad y Prevención. El exagente ha criticado que «del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento cuelguen pancartas reclamando los derechos humanos de la ONU y que luego ellos no los apliquen».
Fuente: 20minutos El Ayuntamiento de Barcelona insiste en que la expulsión del guardia urbano reprobada por la ONU se ajustó a la ley
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