Leemos en FEDER la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
Fuente: Diario de León. España «ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 7, 15, 17, 23 y 24» de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que suscribió en 2008, en el caso del leonés Rubén Calleja Loma. El dictamen pone fin, a falta de su cumplimiento efectivo, a diez años largos de lucha por la escuela inclusiva y contra los malos tratos y discriminación que sufrió el niño con síndrome de Down que, a los 11 años, fue apartado de la escuela ordinaria.
Los artículos contravenidos en el caso Rubén se refieren al derecho a la educación inclusiva, el respeto al hogar y a la familia, al acceso a la justicia, a la protección de la integridad personal, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos.
El comité de la ONU obliga al Estado parte, España, a proporcionar a Rubén y su familia una «reparación efectiva», que incluya las costas judiciales y una indemnización por los «daños emocionales y psicológicos» causados. Al mismo tiempo, exige «garantizar que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional ‘efectivamente’ inclusivo, en consulta con él mismo y sus padres».
El dictamen del Comité no se queda en el mero resarcimiento económico. Ordena investigar «los malos tratos y discriminación hacia Rubén» por parte de un tutor y una profesora cuando estaba en cuarto de Primaria y exige que «se depuren responsabilidades a todos los niveles».
El apartado cuatro de las conclusiones señala que el Estado español debe «reconocer públicamente» «la violación de los derechos del niño Rubén a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas».
Reformas legislativas
Más allá de las consideraciones particulares sobre el caso de Rubén Calleja Loma, el Comité exige a España que adopte, con carácter general, «medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro», de acuerdo con las recomendaciones del informe de investigación del Comité sobre el estado de la educación inclusiva que emitió en 2018.
En este sentido, la ONU ordena a España que «en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan» acelere la reforma legislativa para eliminar el modelo médico de la discapacidad y definir claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad. Exige adoptar medidas para considerar «la educación inclusiva como un derecho» y que todos los estudiantes con discapacidad tengan acceso a «oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general».
Otra de las directrices del dictamen detalla que España debe formular «una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias para promover una cultura de inclusión en la enseñanza general» con evaluaciones individualizadas, basadas en los derechos humanos. Pide apoyo para los docentes y que dichas políticas estén basadas en el respeto «a la diversidad, la no discriminación y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad».
El dictamen del Comité de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas obliga a España a que «elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias».
En el mismo apartado se plantea que el Estado «vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones», como les sucedió a Alejandro Calleja y Lucía Loma, padre y madre de Rubén, hasta que después de dos años de imputación la fiscalía retiró los cargos en el mismo acto del juicio y finalmente fueron absueltos de un delito de abandono de familia que no sólo les tuvo en vilo durante dos años sino que les obligó a abonar una fianza.
El Estado español tiene seis meses de plazo para responder al Comité de la ONU con las medidas adoptadas. La cuantía de la indemnización no ha sido fijada y es posible que Rubén y su familia tengan que pleitear por la misma ante los tribunales como ha sucedido en casos anteriores
La queja ante la Convención fue presentada en 2017 por Rubén Calleja Loma y, en su representación, por su padre Alejandro Calleja Lucas. Fue después de que la familia agotara la vía judicial, tanto en España como en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La denuncia presentada al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2017 alegó que Rubén fue víctima de una violación del artículo 24 de la Convención —derecho a la educación inclusiva— por la decisión de escolarizarle en un centro especial y que los tribunales españoles desestimaron su demanda «fundamentándose esencialmente en los informes del equipo de orientación elaborados en estrecha colaboración y a instancias de los tutores que le rechazaron, discriminaron, abandonaron y maltrataron sin respetar sus derechos y dignidad».
Última actualización 22/09/2020
Fuente: FEDER La ONU condena a España a indemnizar a Rubén por ser discriminado en la escuela