Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
Según constata la Sindicatura, los plazos se exceden «de forma escandalosa, por acostumbrada» en asuntos «tan básicos» como la Renta Valenciana de Inclusión; vivienda; atención a la discapacidad o a la dependencia; prestaciones de emergencia, sanitarias o de inclusión.
En 2019 la Sindicatura tramitó 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadanía. La mayoría, 2.630 (el 58,08 por ciento) procedían de Alicante; 1.520 (33,57%) de Valencia y 213 de Castellón, el 4,70%. De ellas, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas suma 1.349 quejas de las 2.475 recibidas por actuaciones de la administración autonómica, mientras que Les Corts e Innovación únicamente registran dos.
A Igualdad le siguen Sanidad (489), Agricultura (270), Educación (164) y Vivienda (112). Los entes locales recibieron 1.524 quejas, en su mayor parte de Alicante, con 826. La cifra más alta de quejas corresponde a la atención a la dependencia (779); Servicios Sociales (565); Consumo, industria, agricultura y hacienda (444); Sanidad (439), Empleo Público (363), Medio Ambiente (232) y Educación (256).
La institución ha pasado de registrar 12.200 quejas en 2018 a las 4.528 en 2019 porque en este ejercicio se han ajustado los registros, agrupando en un único expediente las quejas de un mismo asunto presentadas por numerosas personas (las denominadas quejas colectivas), ha concretado el organismo. De este modo, «se evita distorsionar la apreciación de los problemas y los números resultantes están en consonancia con los de las otras Defensorías».
RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN
En relación con la Renta Valenciana de Inclusión, la demora en resolver los expedientes ha provocado que las personas solicitantes se vean forzadas a demandar ayudas de emergencia en sus ayuntamientos de residencia. Además, el síndic lamenta que los plazos de resolución «no se cumplían con la renta garantizada de ciudadanía y siguen sin cumplirse» con este instrumento.
A pesar de suponer un «importante avance normativo», el organismo que dirige Ángel Luna señala que la aplicación práctica de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión, «está viéndose seriamente comprometida en su eficacia y en sus plazos por la forma de descentralización de la tramitación y gestión en las entidades locales, sin garantizar una dotación de personal suficiente ni, sobre todo, estable».
De una parte, en muchas ocasiones las entidades locales «superan con creces los tres meses de plazo previstos legalmente para realizar los informes, llegando incluso a sobrepasar el año de tramitación en las grandes capitales como València y Alicante». A su vez, también las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas «demoran la resolución de los expedientes más allá de los tres meses preceptivos, una vez recibidos los citados informes-propuesta».
Esta situación, recalca, «no ha dado respuesta ágil a las situaciones de necesidad cotidiana de personas en riesgo o situación de exclusión social y de ahí puede resultar que, a menudo, estas personas sigan siendo atendidas por entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de emergencia dirigidos a cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido, energía, etc».
Sin embargo, a tenor de las quejas recibidas por el Síndic de Greuges, la situación de atasco en las demoras de los expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión «no resulta significativa» en Castellón y su provincia. La mayoría de las quejas originadas en esta provincia están relacionadas con el área de la sanidad, por problemas de demora asistencial sanitaria, así como de empleados sanitarios por el Consorcio Hospitalario entre la Diputación y la Conselleria.
DEPENDENCIA
Por otro lado, la institución refleja que, un año más, continúan siendo muy numerosas las quejas presentadas por demoras en la resolución del programa individual de atención (PIA) en los expedientes de dependencia.
La descentralización de la tramitación de los expedientes de dependencia en su primera fase (tramitación de la solicitud, grabación y valoración) hizo asumir a los ayuntamientos una carga de trabajo «para la que no estaban preparados y, en muchos casos, siguen sin estarlo, a pesar de los incrementos de medios personales y materiales producidos por el aumento de las subvenciones de la Conselleria».
Las demoras llegan a superar los 16 meses en alguno de los centros de valoración de discapacidad, «a pesar de tratarse de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana (y su resolución debería producirse en un plazo máximo de tres meses)».
Por ello, el Síndic abrió una queja de oficio y recordó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la obligación legal de resolver las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad en el plazo de 3 meses.
Por otra parte, de nuevo en 2019 se han repetido las quejas sobre las demoras en la asistencia sanitaria, tanto en el ámbito de la atención primaria como de la atención especializada (intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas).
En protección de menores, la gran mayoría de quejas tramitadas han sido iniciadas por familias acogedoras o por profesionales que atienden a los menores que se encuentran bajo alguna medida de protección y el defensor del pueblo ha destacado que se enfrenta a situaciones donde «resulta evidente la falta de coordinación entre órganos directivos de la misma Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (Infancia y Adolescencia y Diversidad Funcional) así como con la Conselleria de Sanidad Universal».
En cuanto a la violencia de género, el Síndic ha detectado que la ineficacia de las medidas de inserción sociolaboral y de acceso a una vivienda, por infradotación presupuestaria, «dificultan que las víctimas alcancen su recuperación integral, consiguiendo independencia económica y superando circunstancias precarias».
BARRACONES
En Educación, el estado de las infraestructuras o la falta de educadores en educación especial también ha sido motivo de numerosas quejas mientras que el funcionamiento de los centros de atención temprana (CAT) motivó la apertura de una investigación de oficio al tener conocimiento de que se duplicaba la ocupación de plazas sin aumentar el número de profesionales para atender a los menores, y que existían problemas de lista de espera generados. La evolución del problema será objeto de seguimiento.
Por otra parte, el Síndic de Greuges ha continuado instruyendo expedientes que siguen poniendo de manifiesto las enormes dificultades que las administraciones públicas valencianas encuentran para adjudicar una vivienda pública a personas que lo necesitan, principalmente por la ausencia de un parque público con capacidad suficiente para absorber la importante demanda.
LEY DEL SÍNDIC
Por último, la memoria recoge la necesidad «incuestionable» de la reforma de la Ley 11/1988 que regula el funcionamiento del Síndic de Greuges, al haber quedado «absolutamente desfasada» esa norma después de la modificación de 2006 del Estatut d’Autonomia.
Fuente: 20minutos Retrasos para conseguir derechos o prestaciones reconocidas por ley, principales quejas al Síndic de Greuges