Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
Las consecuencias del estado de alarma derivado de la COVID-19 y la incierta “nueva normalidad” están desatando una emergencia sociolaboral sin precedentes. La economía española dispara la incertidumbre y deja en situación de extrema vulnerabilidad a las personas que ya de por sí han encontrado más dificultades de acceso al mercado laboral.
Hablamos de las personas con discapacidad, de los mayores de 55 años desempleados de larga duración, de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y de otras personas en riesgo de exclusión social. Según los datos que ha repasado la Fundación Adecco, a estas alturas de 2020, en todos estos casos la situación es ciertamente preocupante.
El VIII Informe sobre exclusión social presentado por la Fundación Foessa el pasado año cifraba en 6 millones las personas en condiciones de vulnerabilidad que podrían dar el paso definitivo a la exclusión social, en caso de producirse un empeoramiento de la economía. Y aunque las dimensiones de la oleada de pobreza que se viene son aún difíciles de calcular, parece que este fatal pronóstico podría cumplirse.
En otras palabras, esos 6 millones de personas podrían sumarse a los 8,5 millones ciudadanos en situación de exclusión que ya se contabilizaban en la era pre COVID-19. Con todo ello, el número de residentes en España en situación de exclusión social se elevaría a los 14,5 millones o, lo que es lo mismo, alcanzaría al 31% de la población, frente al 18,4% actual.
Las consecuencias del coronavirus no se han hecho esperar y en el primer semestre del año se ha producido el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde el año 2012: entre enero y junio han firmado 38.176 contratos, un 34,7% menos que en el mismo periodo de 2019. Esta caída es, además, superior a la registrada en la contratación de la población a nivel general, que ha sido del 33,6%.
Los profesionales mayores de 55 años han perdido 73.500 empleos durante el segundo trimestre de 2020, en un periodo en el que el número de ocupados suele crecer debido a la campaña de contratación estival, pero que este año ha invertido su tendencia por la pandemia (en el mismo periodo del año pasado los mayores de 55 años ganaron 92.200 empleos).
En este sentido y a pesar del protagonismo creciente de los seniors como fuerza laboral (representan el 15% de los desempleados frente al 8% de 2010), sus dificultades de acceso al mercado siguen siendo mayúsculas. Una realidad que se ve irrevocablemente reflejada en el paro de larga duración: un 61,7% de los desempleados mayores de 55 años supera el año sin trabajo y la mayoría de ellos (49%) lleva más de 2 años sin encontrar empleo. Esta cifra se reduce en 20,2 puntos porcentuales entre el resto de la población, alcanzando el 41,5%.
Detrás de estas cifras se encuentran dos grandes barreras: una desactualización de competencias entre los seniors y, sobre todo, prejuicios y estereotipos empresariales que frenan su contratación, abocándoles al paro estructural.
Las dificultades de acceso a un empleo están especialmente presentes en los jóvenes. Se trata de un sector de la población cuyo desempleo repunta con fuerza ante toda coyuntura de crisis, como así sucede ahora: la tasa de paro juvenil alcanza el 39,6%, frente al 33% del trimestre anterior y la cifra más alta desde 2017. Un porcentaje que se incrementa cuando la persona se encuentra, además, en una situación previa de riesgo de exclusión social (discapacidad, nivel socioeconómico bajo, escasa formación, etc).
Las familias monoparentales han sido otro de los segmentos de la población más damnificados: prácticamente la totalidad de las madres solteras, mujeres al frente de hogares monoparentales, (87%) ha visto seriamente afectada su situación laboral.
El confinamiento ha acentuado el riesgo de violencia de género debido al aumento de las tensiones en el hogar y a las dificultades para pedir ayuda en un contexto de aislamiento. Como en toda crisis, en el primer trimestre de 2020 se ha producido una caída en el número de denuncias, del 10,3%.
Fuente: 20minutos La contratación de personas con discapacidad cae un 35% durante la crisis del COVID