Leemos en 20minutos la siguiente noticia que os reproducimos de forma íntegra:
La norma, que entra en vigor a los tres meses de su próxima publicación en el BON, plantea varios requisitos para autorizar la puesta en marcha de nuevos centros y servicios sociales para mayores, personas con discapacidad, con enfermedades mentales, centros de inclusión social y centros de día. El decreto regula no sólo lo referido a los espacios y organización de las personas atendidas, sino, sobre todo, «impulsa modelos de atención más participativos y adaptados a las necesidades de las personas que atendidas», según el objetivo trazado por Derechos Sociales para implantar el modelo de atención centrado en las personas.
La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha presentado este jueves el nuevo decreto foral, acompañada por la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANDP), Inés Francés, y por el secretario general técnico del departamento, Nacho Iriarte.
El modelo de residencias y de centros de atención, en el que trabajaba Derechos Sociales desde 2019, ya contemplaba desde su primera redacción limitar el número de plazas de las residencias. Como ha explicado la consejera Maeztu, «las medidas que propone el texto, cobran especial relevancia en estos momentos puesto que ofrecen una mayor seguridad ante situaciones similares al COVID-19 que puedan presentarse en el futuro. Muchas ya estaban contempladas y otras las hemos introducido a raíz de la auditoria en los centros residenciales».
NUEVA CONFIGURACIÓN Y TIPOS DE CENTROS
A partir de ahora, además de una limitación en el número máximo de plazas en las residencias, al menos el 65% de su superficie se articulará en torno a unidades de convivencia de un máximo de 16 personas. Se prevé que los futuros centros acojan espacios comunes como cocina o zonas de estar o internet y exige una superficie mínima para las habitaciones de 14 m2, las individuales, y 20m2, las dobles, que en todo caso deberán tener un baño. Un 80% de las plazas deberán estar en habitaciones individuales.
La norma aprobada ahora, a diferencia de la anterior, describe los diferentes tipos de servicios por la modalidad de atención y no por el perfil de las personas usuarias a las que va dirigido y establece las condiciones físicas, las prestaciones básicas con que deben contar cada uno de ellos así como las ratios de personal.
Diferencia los servicios de atención residencial en: residencias, mini residencia-hogar, viviendas vinculadas con residencias, piso tutelado, supervisado, vivienda con apoyo, apartamentos tutelados, viviendas de acogida y servicios para personas sin hogar, definiendo en cada uno de ellos el nivel de intensidad de los apoyos que prestan en alto, moderado y bajo.
También recoge los servicios de atención diurna en estancias diurnas, centros de día (para personas dependientes, centros de día rurales, centros de rehabilitación psicosocial y centros de inclusión social) y centros ocupacionales, definiendo para cada uno de ellos igualmente las condiciones físicas, prestaciones básicas y ratios de personal.
Por último, el decreto establece la posibilidad de centros multiservicios para dar cobertura a personas de diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito rural, y regula la implantación de experiencias piloto que tras su evaluación puedan incorporarse al catálogo de servicios sociales, tales como las viviendas colaborativas o ‘cohousing’.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
Inés Francés, directora gerente de la ANADP, ha explicado que el nuevo Decreto establece una serie de principios básicos para todos los servicios, como la «normalización», que pretende proporcionar un estilo de vida «lo más cercano a su entorno familiar y social»; una atención integral que dé cobertura a las todas necesidades de las personas de forma interdisciplinar; personalizar la atención con profesionales asignados de manera estable a su cuidado; la promoción de las relaciones con familiares y personas de referencia; la formación y motivación del personal; la accesibilidad universal del servicio, comprensible a todas las personas; el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la promoción del voluntariado, tanto a nivel interno como con iniciativas externas que participen en los centros y servicios.
Maeztu ha afirmado que «este Decreto supone un hito en los servicios de cuidados, puesto que con la nueva normativa en la mano será posible un sistema más flexible que tenga en cuenta las preferencias de las personas y se adapte, no sólo a sus necesidades, sino a sus capacidades y planes de vida. Lo más importante sin duda es que con ella se consolida en Navarra el cambio hacia un modelo de atención centrado en la persona y de mejora de la calidad de los cuidados tras casi 30 años de vigencia de la anterior normativa».
Las nuevas exigencias no obligan a los 525 servicios que en este momento atienden a unas 13.000 personas en Navarra en las distintas modalidades de servicios asistenciales. No obstante, en cuanto a los espacios, los centros ya existentes deberán adaptarse a la normativa en las futuras obras de modificación que amplíen más de 15 plazas. En cuanto a la nueva filosofía asistencial, varios de ellos ya están adoptando el nuevo modelo de atención que propone «colocar a la persona como gran protagonista de las decisiones de los centros».
Otro requerimiento contemplado en el nuevo decreto foral exige que, cuando el centro acoja una unidad de psicogeriatría, está se ubicará en un espacio físico diferenciado.
Asimismo, la norma prevé unas autorizaciones específicas para experiencias piloto de convivencia que prueben con fórmulas innovadoras, de modo que pudieran incorporarse como nuevos servicios si Derechos Sociales constata su buen funcionamiento.
MÁS DE 13.000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 525 SERVICIOS
Más de 13.000 personas en Navarra usan alguno de los 525 servicios regulados por el nuevo decreto foral. De ellas, casi 9.000 permanecen en alguno de los 321 establecimientos para mayores. El resto, reciben atención específica en 90 centros de inclusión social (más de 1.000 personas), 71 para personas con discapacidad (acogen a 2.300 residentes) y 43 para pacientes con enfermedades mentales (atienden a unas 1.200 personas). Y 5.000 profesionales de distintas ramas trabajan en centros de día y residencias.
La norma que actualmente regula las autorizaciones para los centros residenciales tiene 29 años por lo que se hacía necesaria su actualización. El Gobierno de Navarra, de acuerdo con el acuerdo programático suscrito para esta legislatura, comenzó en noviembre de 2019 la redacción de un borrador del nuevo decreto foral, tomando en cuenta la opinión del Consejo Navarro de Bienestar Social y los trabajos anticipados en la pasada legislatura.
En el primer trimestre de 2020 se recabaron las aportaciones de la Comisión de Autorizaciones, Registro y Homologaciones, y algunas de las principales entidades del sector.
También se recogieron las opiniones de las organizaciones sindicales del sector sociosanitario, grupos políticos y órganos consultivos como el Consejo Navarro de Personas Mayores, siendo aprobado por unanimidad por todas las entidades.
Fuente: 20minutos Los nuevos centros residenciales tendrán un máximo de 130 plazas en el caso de mayores y 70 para discapacidad