En un país donde la inflación avanza y los salarios mínimos suben, hay un indicador clave que parece haberse quedado congelado en el tiempo: el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Desde su creación en 2004, este índice se diseñó como una referencia económica para la concesión de ayudas sociales. Sin embargo, 20 años después, mientras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) casi se ha duplicado, el IPREM apenas ha cambiado. Esta desconexión está creando una crisis silenciosa, dejando fuera del sistema de ayudas a familias que las necesitan.

En 2004, el IPREM se creó para reemplazar al SMI como referencia en la concesión de ayudas sociales. La idea era clara: desvincular las políticas sociales de las laborales. En ese entonces, IPREM y SMI estaban alineados. Hoy, el SMI asciende a 1.134 euros mensuales, mientras que el IPREM permanece en 600 euros.

Esta brecha ha ido creciendo especialmente en los últimos años, con el SMI aumentando a un ritmo acelerado mientras el IPREM prácticamente estancado. De hecho, es frecuente que distintas administraciones públicas, conforme a su criterio, multipliquen el umbral del IPREM para poder dar ayudas sociales, puesto que de no ser así quedarían vacantes.

Según Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI Estatal, esta divergencia es una «barrera insalvable» para muchas familias: “El IPREM establece umbrales de renta que no reflejan la realidad económica. Esto deja fuera de las ayudas a quienes realmente las necesitan”. Su valoración se suma a la de Fátima El Afia, asesora jurídica de la CEDDD, quien es tajante: “El IPREM está completamente desfasado y genera desigualdades inaceptables”.

Impacto directo en las ayudas sociales

El IPREM es la base para calcular el acceso a múltiples prestaciones sociales: desde becas y subsidios de desempleo hasta ayudas al alquiler o bonos sociales eléctricos. Sin embargo, su congelación durante largos periodos ha reducido el alcance de estas prestaciones en términos reales.

“La inflación no espera a que se actualice el IPREM”, afirma Villarino. “Cuando el coste de vida sube pero el índice no, el poder adquisitivo de las ayudas disminuye, afectando especialmente a las personas con discapacidad y sus familias”. Este colectivo enfrenta sobrecostes adicionales en transporte accesible, tratamientos específicos o adaptaciones en el hogar, lo que intensifica su vulnerabilidad.

El Afia refuerza esta idea señalando que “si una persona con discapacidad percibe ingresos ligeramente superiores a lo exigido, queda excluida de ayudas sociales esenciales, como el bono social eléctrico o las subvenciones al alquiler. Esto es inasumible en el contexto económico actual”.

IPREM vs. SMI: Dos caminos divergentes

El contraste entre la evolución del IPREM y del SMI es evidente. Mientras el IPREM ha aumentado un 30% desde 2004, el SMI ha crecido más del 100%. Esto ha generado una desconexión que fomenta desigualdades entre quienes dependen de ayudas sociales y quienes se benefician de políticas laborales.

“El SMI se ha convertido en un motor de mejora económica para muchos trabajadores, pero quienes dependen del IPREM están atrapados en un sistema que no se adapta a la realidad”, comenta Villarino. El Afia añade: “No tiene sentido seguir utilizando el IPREM como referencia. El SMI sería una medida más justa y representativa, ya que refleja mejor las necesidades reales de la población”.

No tiene sentido seguir utilizando el IPREM como referencia. El SMI sería una medida más justa y representativa

El IPREM solo se actualiza a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en varios años ni siquiera ha experimentado cambios. Entre 2010 y 2016, por ejemplo, permaneció congelado en 532,51 euros mensuales. Aunque en 2021 y 2022 hubo subidas moderadas, el índice sigue lejos de alcanzar una actualización acorde con la inflación acumulada.

A la espera de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, el IPREM continúa sin cambios desde 2023. Mientras tanto, la inflación y el aumento del coste de vida han dejado obsoleto este indicador. Como apunta El Afia, “en más de 20 años, apenas ha habido cuatro actualizaciones , lo que evidencia una falta de compromiso político con los colectivos más vulnerables”.

En más de 20 años, apenas ha habido cuatro actualizaciones , lo que evidencia una falta de compromiso político

Exclusión social: el coste de no actualizar el IPREM

La falta de actualización del IPREM tiene consecuencias reales y devastadoras. Según Villarino, “las personas con discapacidad corren el riesgo de quedar excluidas de ayudas esenciales, como el bono social eléctrico o el subsidio de desempleo. Esto incrementa las desigualdades y perpetúa su exclusión social”.

Además, el estancamiento del IPREM afecta a las familias en general. Según un análisis del CERMI, muchas se enfrentan a una paradoja: aunque sus ingresos nominales suban ligeramente, el aumento del coste de vida y el estancamiento del IPREM las dejan en una peor situación económica.

El Afia, por su parte, subraya que las desigualdades no solo afectan a las personas con discapacidad, sino que también son territoriales. “Cada comunidad autónoma aplica el IPREM de forma distinta, lo que genera inequidades según el lugar de residencia. Es una doble discriminación: social y autonómica”.

La exigencia de una reforma integral

CERMI, CEDDD y otras organizaciones sociales reclaman una reforma urgente del IPREM. Estas son algunas de las medidas propuestas:

1. Actualización periódica y automática: vincular el IPREM a indicadores como la inflación o el coste de vida para evitar largos periodos de congelación.

2. Complementos específicos para colectivos vulnerables: reconocer los sobrecostes que enfrentan las personas con discapacidad mediante suplementos adicionales.

3. Revisión de umbrales: ajustar los límites de acceso a ayudas para que reflejen la realidad económica y social.

4. Coherencia con el SMI: debatir la posibilidad de alinear el IPREM con las subidas del SMI para reducir la brecha entre políticas laborales y sociales.

El Gobierno aún no ha anunciado una reforma significativa del IPREM para 2025. Mientras tanto, miles de familias seguirán enfrentándose a un sistema de ayudas sociales que no refleja sus necesidades reales. “El IPREM debería ser un indicador de protección, no un obstáculo”, concluye Villarino. Por su lado, El Afia advierte que “si no se toman medidas, perpetuaremos una injusticia estructural que afecta a los más vulnerables”.