La misma semana que han llegado al Consejo de Ministros la reformas de las leyes de la discapacidad y la dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado los resultados de un estudio que analiza la situación laboral de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Pablo Bustinduy, que ha inaugurado el acto en el que han participado la Secretaria de Estado, Rosa María Martínez, y Mayte Sancho, directora del IMSERSO, ha insistido en que, para llevar a cabo el objetivo de transformar el actual modelo de cuidados en un sistema más cercano y comunitario, es necesario mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, que son en su inmensa mayoría -un 85%- mujeres con unas condiciones de trabajo marcadas por la inestabilidad y la precariedad económica.

El ministro ha explicado que la reforma legislativa propone la incorporación de un artículo para que tanto el Gobierno y como las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial, desarrollen indicadores sobre la calidad del empleo y que incluye marcadores desagregados por origen, edad o sexo.

Por otro lado, como ya adelantó en el Consejo de Ministros, la reforma prevé la creación de un nuevo servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, como grúas o camas articuladas, que reducirá los riesgos físicos en el trabajo. «El futuro de la Dependencia pasa por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras», aseguró Bustinduy.

Poco salario y más temporalidad y problemas de salud

Entre los principales hallazgos del estudio que Derechos Sociales ha elaborado junto a las consultoras Afi y 40dB, destaca que los salarios en el sector son de media entre un 35% y 38% inferiores al promedio nacional, lo que supone unos 10.000 euros menos que el salario medio en España. De media, el salario medio bruto de las personas que trabajan en el sistema de cuidados era, según datos de 2023, de 16.400 euros, frente a los 26.600 euros promedio del conjunto de sectores.

Además, uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal, y en los servicios de ayuda a domicilio solo el 60% de los contratos son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

Se trata, además de un sector muy feminizado (más de 85% son mujeres) y donde 1 de cada 4 son migrantes. Estas mujeres son, en su mayoría -más de 50%- mayores de 45 años.

Estas precarias condiciones laborales tienen consecuencias directas en la salud de las trabajadoras, tanto física como emocional, pues tienen a menudo dolencias musculares crónicas (el 38% ha sufrido alguna vez dolor cervical crónico y el 42% lumbar), accidentes laborales más frecuentes que la media y su nivel de ansiedad y estrés es mayor que la media del resto de trabajadores (el 23% tiene ansiedad crónica y el 19 % ha tenido depresión).

Concretamente, en 2023 los accidentes en residencias con baja laboral fueron un 75% mayores que los del promedio nacional mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25%. En este último caso, destaca la alta siniestralidad in itinere: para estas trabajadoras los accidentes con baja ocurridos en desplazamientos al trabajo duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral.

Las trabajadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta. También es habitual que sientan una gran frustración. Por un lado, porque, a pesar de la responsabilidad que tienen, no perciben que su trabajo esté reconocido ni económica ni socialmente, y, por otro, porque, según contaron en el acto las autoras del estudio, sienten que las personas que cuidan no reciben los cuidados que necesitan por falta de tiempo e incluso de formación de las propias trabajadoras, lo que repercute, a su vez, en su salud mental.

Todas estas condiciones –precariedad más una sobrecarga física y mental– hacen que según este estudio, las personas que se dedican a los cuidados permanezcan, de media, solo un año en el sector y que busquen otros sectores en las que las condiciones laborales sean mejores, lo que dificulta la retención de talento.

En 2030 habrá que incorporar 260.000 nuevas trabajadoras al sector

Esta realidad afecta no solo a las gerocultoras, es decir, a las profesionales que prestan atención directa, apoyo personal y acompañamiento a personas en situación de dependencia, sino también a otros perfiles clave del sistema, como fisioterapeutas, personal de enfermería o profesionales de la psicología.

La fuga estructural de personal compromete, como ha puesto de manifiesto el Ministerio, la sostenibilidad del sistema justo en un momento de reto demográfico que es cuando más se necesita, pues la evolución demográfica prevé un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años, y en 2030 habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023, situación que exigirá incorporar, como mínimo, 260.000 nuevas trabajadoras al sector.

Tras poner estos datos sobre la mesa, la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quiso finalizar el acto reconociendo que uno de los grandes retos que tiene el sistema de dependencia es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los cuidados de larga duración. Por un lado, porque es lo justo aseguró y, por otro, porque de ellos depende la sostenibilidad del sistema, un desafío para el que apeló “a la responsabilidad de todas las administraciones, a los agentes sociales y a los operadores del sistema”.

Aunque este acto se centró en las más de 600.000 trabajadoras ‘formales’ del sistema de dependencia, Rosa Martínez no quiso olvidarse de todas aquellas cuidadoras no profesionales, también mayoritariamente mujeres, que cuidan de familiares dependientes sin cobrar y sin reconocimiento, “que cubren lo que el sistema no” y sin las cuales el Sistema de Atención a la Dependencia tampoco sería sostenible.