Las 14 novedades de las leyes de dependencia y discapacidad: más derechos, menos burocracia y nuevos servicios

Cuidados en vivienda, préstamo de productos de apoyo, supresión del régimen de incompatibilidades y reconocimiento automático del 33 % de discapacidad para personas con grados II y III de dependencia son solo algunas de las principales novedades de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de ampliar derechos y agilizar procedimientos. Según ha destacado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se trata de «un nuevo enfoque que garantizará vidas dignas tanto para las personas con dependencia como para aquellas con discapacidad, y que busca «promover su derecho a una vida independiente».

1. Más productos de apoyo: sillas de rueda, andadores…

Entre las principales novedades de la reforma se encuentra la ampliación del catálogo de servicios y prestaciones para personas en situación de dependencia.

• Se incorporan nuevas fórmulas de apoyo como los cuidados en viviendas compartidas o en modelos de convivencia colaborativa, con el objetivo de ofrecer alternativas al cuidado institucionalizado.
• También se generaliza el préstamo de productos de apoyo —como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz— para fomentar la autonomía en el entorno cotidiano.
• Además, se refuerza la figura de la asistencia personal, que podrá solicitarse de forma voluntaria por quienes necesiten apoyos más intensos para su vida diaria.

2. Teleasistencia como derecho unviersal

Otra de las novedades clave del proyecto de ley es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, independientemente de la comunidad autónoma o el municipio en el que residan.

Este servicio, que hasta ahora podía tener un alcance desigual según el territorio, se consolida como una garantía básica dentro del sistema. Además, la ley establece que la teleasistencia no podrá ofrecerse como única prestación, sino que deberá complementarse con otros apoyos, reforzando así su papel como herramienta de acompañamiento, seguridad y seguimiento.

Por último, se amplía su alcance más allá del domicilio habitual: también las personas que viven en centros residenciales podrán acceder a este servicio, algo que hasta ahora no estaba contemplado.

3. Más prestaciones para cuidadores y dependientes

Otra medida destacada es la mejora en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que ahora se extenderá hasta el último día del mes en el que fallezca la persona dependiente. Esta modificación evita la obligación de devolver parte de la ayuda en caso de fallecimiento a mitad de mes, aportando así seguridad jurídica a las familias y reconociendo el esfuerzo de quienes cuidan hasta el final de la vida.

La reforma también refuerza la figura de los cuidados en el entorno familiar, ampliando la prestación económica para reconocer no solo a cuidadores formales, sino también a personas allegadas que asumen esta labor de manera cotidiana.

Además, se introduce por primera vez la posibilidad de conceder prestaciones o servicios transitorios a personas en situación de dependencia en grado II o III cuando no puedan acceder de inmediato al recurso solicitado. Esto evitará situaciones como la actual, en las que una persona debe trasladarse a un centro lejano por falta de plazas en su entorno.

Con la nueva normativa, mientras espera una plaza en el recurso que ha elegido —como puede ser una residencia cercana—, podrá recibir una prestación provisional ajustada a su grado, como ayuda a domicilio o asistencia personal, sin tener que renunciar a su entorno ni a sus vínculos sociales.

4. Más allá de hogar: ayuda en la compra o el médico

Se amplía el servicio de ayuda a domicilio para que no se limite únicamente a las tareas domésticas o al cuidado personal, sino que también incluya acompañamiento en actividades fuera del hogar, como acudir al médico o hacer la compra.

Esta ampliación responde a la necesidad de facilitar una mayor autonomía y participación en la vida comunitaria de las personas en situación de dependencia.

5. Centros de día ‘multiservicios’

Los centros de día pasarán a ser considerados un servicio esencial, lo que les permitirá ampliar su actividad más allá de sus propias instalaciones. Podrán prestar apoyo directamente en los domicilios de usuarios que vivan cerca y lo necesiten, facilitando así una atención más cercana y personalizada

Según el Ministerio de Derechos Sociales, esta medida es especialmente importante en zonas rurales, donde estos centros se convertirán en auténticos referentes comunitarios de apoyo y conexión con el entorno. El ministro ha destacado que esta transformación convertirá a los centros de día en “centros multiservicio”, capaces de ofrecer una amplia gama de apoyos adaptados a las necesidades de la comunidad.

6. Derechos reforzados y atención sanitaria integral

Entre los nuevos derechos, la ley garantizará que las personas usuarias puedan decidir libremente sobre las prestaciones y servicios que reciben, así como el derecho a permanecer en el entorno que elijan. Además, la reforma asegura que la atención sea libre de cualquier tipo de sujeción física, mecánica, química o farmacológica.

Otro avance fundamental es la garantía de acceso a una atención sanitaria integral, independientemente del lugar de residencia, incluyendo centros residenciales. Para ello, se sentarán las bases para que las comunidades autónomas coordinen de forma efectiva sus servicios sociales y sanitarios, evitando así situaciones como las vividas durante la pandemia de COVID-19 en algunas residencias.

7. Mejora en las condiciones en el sector de los cuidados

Para ofrecer una atención segura, continua y de calidad, la ley comprende que es fundamental que las trabajadoras cuenten con condiciones laborales dignas, estables y una formación profesional adecuada. Por esa razón, se definirán los criterios de acreditación y los estándares mínimos de empleo, como el número adecuado de profesionales, su cualificación y la formación continua.

Se trata de una medida que forma parte del ‘Reto Trabajadoras del SAAD’, una iniciativa que busca valorar y reconocer la labor de quienes trabajan en el sistema de Dependencia, que según cálculos ministeriales necesitará al menos 260.000 nuevas profesionales para 2030 para garantizar su sostenibilidad.

8. Inclusión laboral de las personas con discapacidad

La reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) introduce una medida clave para potenciar la autonomía y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. A partir de ahora, queda expresamente reconocido que es posible compatibilizar el acceso al empleo con la continuidad de los servicios y prestaciones del sistema.

Hasta ahora, muchas personas beneficiarias del SAAD se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al comenzar a trabajar, ya fuera por cuenta ajena o propia, lo que generaba un importante desincentivo y dificultaba sus proyectos de vida autónoma.

Además, esta situación provocaba la pérdida de plazas en centros ocupacionales, cuya recuperación podía ser complicada. Con la nueva normativa, cuando una persona reciba una oferta de empleo o prácticas formativas, podrá mantener su plaza en el centro durante el tiempo necesario para evaluar la continuidad en el puesto, garantizando así una transición segura hacia el empleo sin perder recursos esenciales para su autonomía.

10. Menos papeleo para acceder a los servicios

Una de las prioridades de la reforma es simplificar y agilizar el sistema de dependencia, eliminando trabas administrativas que dificultan el acceso y la gestión de los servicios.

Para ello, se suprime el régimen de incompatibilidades, lo que permitirá que las personas puedan recibir simultáneamente más de una prestación o servicio sin tener que renunciar a ninguna. Además, se agiliza el proceso de revisión individual y se establece un procedimiento de urgencia para que quienes estén en situación de especial vulnerabilidad —como personas con demencia, en precariedad económica o víctimas de violencia de género— puedan acceder más rápido a los apoyos que necesitan.

11. Reconocimiento automático del 33% o 65%

Una de las novedades más importantes de la reforma es el reconocimiento automático del grado de discapacidad para las personas que ya tienen asignado un grado de dependencia.

Así, quienes tengan grado I de dependencia pasarán a tener reconocido un 33% de discapacidad, mientras que las personas con grado II o III recibirán automáticamente un reconocimiento del 65%. Además, si alguna persona desea un grado de discapacidad superior al que se le reconoce automáticamente, podrá solicitar una valoración individualizada.

12. Salud mental alejandose del modelo asistencial

La reforma introduce un cambio fundamental en el enfoque de la atención a las personas con problemas de salud mental, alineándose con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A partir de ahora, todas las intervenciones deberán basarse en el consentimiento libre e informado, priorizando la voluntad de la persona y fomentando el uso de apoyos para que pueda tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida. Esto supone alejarse del modelo asistencial o paternalista tradicional, para avanzar hacia un enfoque de derechos, centrado en la autonomía personal y la participación activa.

13. Accesibilidad universal en todos los edificio

La nueva ley establece que la accesibilidad universal será un derecho que se podrá exigir en cualquier lugar, especialmente en edificios y servicios públicos. Para impulsar estas mejoras, se creará un Programa Estatal que financiará obras necesarias, como la instalación de rampas para sillas de ruedas o la implementación de códigos QR para audiodescripciones.

En el ámbito privado, la ley modifica la normativa de propiedad horizontal para que las administraciones públicas ofrezcan ayudas económicas destinadas a hacer accesibles los edificios de viviendas. Además, obliga a las comunidades de vecinos a solicitar estas ayudas si alguna persona residente lo solicita. Para facilitar el acceso a estas subvenciones, se reducirá del 75 % al 70 % el porcentaje que la comunidad debe aportar para financiar las obras de accesibilidad.

14. Tecnología para mejorar la atención a la dependencia

La reforma reconoce el gran potencial de la tecnología para mejorar la calidad de los servicios de atención a la dependencia, pero también alerta sobre sus riesgos. Por ello, establece un marco común para evaluar tanto los procesos de atención como su impacto en la vida de las personas y quienes las cuidan.

Bajo el liderazgo del IMSERSO, se impulsará la innovación social y tecnológica, permitiendo la realización de proyectos piloto en entornos controlados para desarrollar nuevas formas de cuidados personalizados y comunitarios. Además, se creará en un plazo de 12 meses el Centro Estatal de Competencias de Innovación Social para coordinar estos avances.

La ley también establece principios claros para que cualquier tecnología utilizada en la atención —como la teleasistencia, sensores o inteligencia artificial— respete siempre la autonomía, la privacidad y la integridad de las personas. Se vigilará especialmente que la inteligencia artificial no genere sesgos discriminatorios, por ejemplo en procesos de selección laboral. Además, se reconoce a las personas con discapacidad como un grupo prioritario dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, fomentando el uso positivo de la tecnología y el desarrollo de conocimiento científico enfocado en sus necesidades.