Según GAT, la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 (último año del que hay datos globales) casi 130.000 niños y niñas necesitaron atención temprana en España, lo que supone más de un 5% (5,38%) de la población entre 0 y 6 años.

Sin embargo, además de esta atención no termina de llegar a todos los niños que lo necesitan, el acceso sigue siendo muy distinto en función del código postal en el que el niño haya nacido.

Tanto para llegar con más calidad, a más niños y más rápido, profesionales, familias y administraciones llevan años trabajando en cómo mejorar esta atención, trabajo que se ha materializado en una hoja de ruta que aseguran debería empezar a ponerse en marcha ya.

En febrero y marzo de este año, se publicó, tanto por parte del Ministerio de derechos Sociales como el de Sanidad una resolución con el acuerdo que establece el «Consenso Esta tal para la Mejora de la Atención Temprana. Despliegue de la Hoja de Ruta: objetivos, medidas y estándares generales de calidad».

Esta resolución, que ha entrado en vigor en junio, está basada en una hoja de ruta que se aprobó en los consejos interterritoriales de Salud y de Atención a la Dependencia en julio de 2023, en la que se estableció una ruta para mejorar la atención temprana en España sobre un marco común de “universalidad, responsabilidad pública, equidad, gratuidad y calidad”.

Se trata, por tanto, de un trabajo tanto de las administraciones estatales y autonómicas en las que han participado muy activamente la sociedad civil, representada por colegios profesionales, sociedades médicas o entidades del mundo asociativo.

Un agente especialmente activo en la construcción de todos los documentos que han originado este acuerdo ha sido la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), “aparte de los ministerios que tienen competencia, que son Sanidad, Derechos Sociales, Infancia y juventud y Educación, ha participado la federación y otras entidades, por eso creemos que vamos por el buen camino en cuanto a regular todo lo que tiene que ver con la atención temprana en las comunidades autónomas. Es una buena noticia que se haga este trabajo, pero hay muchas cosas en las que seguir trabajando”, asegura Íñigo Bueno Bermejo, presidente de GAT.

El Gobierno debe establecer unos mínimos para unificar servicios, la organización de los centros o la formación de los profesionales

Un servicio más equitativo

El objetivo, tanto de esta resolución como de la hoja de ruta, ya no es solo mejorar, como país, la atención temprana, sino hacerlo en términos de equidad, por eso se establecen tanto unos estándares de calidad como uno indicadores para evaluar la implantación a través de 9 líneas de acción con objetivos y medidas para su consecución.

Sin embargo, aunque se trata de que haya más equidad en todo el territorio nacional, desde GAT son conscientes de la complejidad que esto conlleva, “nosotros entendemos que las comunidades autónomas tienen la competencia en esta materia, pero, respetando esta competencia, consideramos que el gobierno, en este caso, debe establecer unos mínimos para unificar cuestiones que tienen que ver con los servicios, la organización de los centros, la formación de los profesionales… hay que sentar las bases de ese marco común, pero queda trabajo por hacer, pues la resolución no es, entre comillas, de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas, además de que siempre hay margen para la interpretación que hace cada una de ellas”.

Esto ya ocurrió, asegura Íñigo Bueno, con el Libro blanco de la atención temprana, que se publicó hace ya 25 años y “ha dado lugar a 17 interpretaciones distintas, por eso creemos que es importante que se establezcan criterios comunes para que todos los niños y niñas que están en los servicios de atención temprana estén igual de bien atendidos independientemente de dónde nazcan”.

Otra clave para garantizar esta equidad es la formación de lo profesionales, que ahora mismo es muy desigual, pues más allá de la formación de base de cada uno de los perfiles profesionales, es necesaria una especialización, que ahora mismo difiere mucho de unas comunidades a otras. En este plan, por un lado, se apuesta por una formación continua de los profesionales y, otro, que esta especialización sea la misma en todo el territorio nacional, “es necesario que exista una especialización en las profesiones más habituales (fisio, logopedia, psicología, trabajo social…) en desarrollo infantil y atención temprana, pero queremos que esa especialización se unifique, como también nos gustaría que se unificaran las condiciones laborales de los profesionales. Lo que defendemos es que la atención temprana tiene que ser pública -aunque se configure con conciertos o licitaciones-, pero que se garantice que tanto los requisitos como las condiciones de los profesionales sean simulares”, insiste.

Es necesario que exista una especialización unificada en desarrollo infantil y atención temprana

Reducir las listas de espera

Hablar de listas de espera en un servicio de atención temprana debería ser un oxímoron, pues para que esta atención sea todo lo eficaz que se espera tiene que empezarse cuanto antes, cuando el cerebro del niño tiene una mayor plasticidad. Sin embargo, es una realidad que, ya sea por la saturación del servicio o por la gran cantidad de trámites administrativos que se requieren, las listas de espera de meses son una realidad.

En la línea 6 del plan, ya se establece que el periodo máximo debería ser de un máximo de 45 días desde que se detecta el problema y se habla de procesos ágiles y derivaciones inmediatas, pero no da medidas concretas. Desde GAT creen que las listas de espera podrían reducirse de dos maneras. Por un lado, en la derivación de los casos a atención temprana, “desde que un pediatra, una familia o un profesor detecta que puede haber un problema o que algo puede estar pasando en su desarrollo, se debería derivar. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es que a las familias se les exige hacer una serie de trámites médicos, administrativos, etc. que alargan mucho procesos que deberían ser más ágiles”, asegura el presidente de GAT.

Sin querer recomendar modelos concretos, pues cada comunidad tiene sus propias características, en este sentido, destacan los modelos de Cantabria, que lo gestionan desde Sanidad y provoca que los procesos sean más ágiles, o Cataluña, donde valoran a los niños en los mismos centros en los que van a recibir la atención, “independientemente de qué consejería lo gestione, el modelo tiene que ser ágil y sobre todo, que el centro de atención temprana sea la piedra angular del proceso, porque en muchas comunidades, una vez que se hacen derivaciones, por un lado se hace la valoración y, por otro, la intervención y creemos que el proceso debería ser continuo, no segmentar el proceso”, explican.

En Cataluña, por ejemplo, las solicitudes se hacen ya en el mismo centro de atención temprana, y eso hace, en su opinión, que todo sea es más ágil, porque “las familias tienen una única puerta de entrada a la atención temprana y se interviene en el momento de la valoración. Además, en todo el proceso hay profesionales de referencia que acompañan al niño y a la familia, por eso nosotros nos inclinamos por convertir a los centros de atención temprana en el elemento central de todo el proceso”.

A las familias se les exige hacer una serie de trámites médicos y administrativos que alargan procesos que deberían ser ágiles

42 millones para empezar a implantar el plan estatal

En España se destinan unos 170 millones de euros a la atención temprana al año, cifra que se gestiona desde las comunidades autónomas. En el texto del consenso no se establecen presupuestos concretos o costes por plaza, es decir, que la inversión seguirá dependiendo de cada comunidad, pero sí establece una partida de 43 millones de euros (hasta 2029) al que podrán recurrir todas las comunidades que lo soliciten para mejorar la atención. Se trata de un Fondo Social Europeo Plus (FSE+) al que podrán acceder las comunidades que lo deseen, “en función de lo que cada comunidad quiere hacer, tiene que hacer su solicitud al ministerio para que se valore y se le dé la partida correspondiente, y eso con un porcentaje de cofinanciación, entonces, creemos que toda inversión que se haga en atención temprana en bienvenida, pero nuevamente se puede dar lugar a diferencias entre las comunidades autónomas porque esta financiación se puede destinar a muchas cosas”, explica Íñigo Bueno.

Según anunció hace unos días el Ministerio de Derechos sociales, “los ejecutivos de las Comunidades Autónomas que quieran adherirse a esta partida económica podrán financiar recursos que permitan reforzar sus servicios de atención temprana. Por ejemplo, gracias a estos fondos se podrán poner en marcha iniciativas como la creación de historias clínicas digitales para cada niño o niña que puedan compartirse, con acceso controlado, entre los servicios de pediatría, educación infantil y atención temprana”.

En cuanto al reparto, desde Derechos sociales explican este fondo se distribuirá mediante convenios bilaterales con las Comunidades Autónomas en los que están trabajando, y aclaran que, aunque la resolución establece una propuesta orientativa de reparto por territorios (que se puede consultar aquí https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-8362), “la adhesión es voluntaria, y cada comunidad deberá diseñar su propio proyecto y presupuesto para ejecutar las actuaciones. El reparto estimado de cantidades máximas (si se presentaran todas las CCAA) se ha calculado con base en criterios objetivos recogidos en la resolución: la población infantil de 0 a 6 años y la tasa de pobreza o exclusión (AROPE) en cada territorio”.

Con estos fondos, también se podrán elaborar planes de intervención individualizados para los niños que los demanden o talleres de formación, capacitar a pediatras y a maestros de educación infantil en señales de alarma y en protocolos que permitan una derivación rápida o se podrán destinar para hacer cribados en todos los centros de salud del desarrollo infantil en revisiones a los 6, 12 y 24 meses.

Además, estos 43 millones de euros permitirán, entre otras cosas, desarrollar una base de datos centralizada con registro de todos los casos atendidos, su evolución y los recursos utilizados, se digitalizarán los informes integrados en el ámbito social, familiar, médico y educativo, y se crearán indicadores públicos de calidad y rendimiento, es decir, que “permitirá testar estándares de calidad, acompañar técnicamente a los servicios para su adaptación y formar a profesionales en procesos de detección y derivación, en línea con el Consenso Estatal y los marcos europeos de garantía infantil e inclusión social”, explican desde el Ministerio.