Condenados a 7 años de cárcel dos docentes por degradar y humillar a menores con discapacidad en Pozuelo de Alarcón

«Me dan ganas de matarte», «bobos», «atontados», «gilipollas». Estos insultos son los que recibían diariamente niños con discapacidad en un colegio de Educación Especial en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por parte de dos de sus educadoras. Un juzgado ha condenado este lunes a una profesora de pedagogía terapéutica y a una auxiliar técnica de educación a siete años de cárcel por insultar y humillar a siete niños con síndrome de Down y dirigirse a ellos con «tono despectivo» y «amenazante» en 2019.

«Estás bobo, estás atontado tío»; «deja de hacer bobadas»; «me dan ganas de matarte»; «¿lo que hace es el gilipollas, a que sí?»; «¿te haces el tonto del culo? pues más tonta del culo voy a ser yo contigo, te voy a amargar la vida»; «que me importa un pito que llores, un pito y medio»; «que ganas tengo de darle una hostia un día».

Expresiones como estas dirigieron las acusadas a los menores, que tienen síndrome de Down en diverso grado, «con conocimiento de sus limitaciones cognitivas y físicas», entre enero y marzo de 2019, cuando trabajaban en el colegio concertado de Educación Especial Fundación Gil Gayarrre, en Pozuelo de Alarcón, según declara probado la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Madrid.

Los alumnos, de entre 7 y 12 años, han sufrido un empeoramiento de sus capacidades intelectuales y actitudes negativas a la asistencia escolar, y una de ellas sufrió retroceso en las habilidades de lectoescritura, actitud retraída y poco dispuesta al diálogo, y ansiedad.

La resolución condena a ambas acusadas por siete delitos contra la integridad moral -uno por cada víctima- con la agravante de haber cometido los hechos por razón de la discapacidad de los niños y la atenuante de dilaciones indebidas.

Además de la pena de prisión, les prohíbe acercarse a los menores a menos de 500 metros durante dos años, indemnizar a tres de ellos con 5.000 euros a cada uno e inhabilitación para el ejercicio de docente de menores o personas con discapacidad intelectual durante el tiempo de la condena.

Una grabadora en un oso de peluche

El origen del caso, por el que ambas se sentaron en el banquillo entre marzo y abril, se sitúa en los audios que registró una grabadora que los padres de una de las víctimas depositaron en un peluche colgado a su mochila, ante las sospechas de que su hija pudiera estar sufriendo «algún problema».

Las defensas han tratado de anular las grabaciones invocando que las pruebas se han obtenido ilícitamente, pero la jueza afirma que los padres de la menor, como representantes legales, tenían la facultad de consentir grabar las conversaciones en las que participase su hija en el ejercicio de la patria potestad. «Era el único medio de investigación para conocer lo que estaba ocurriendo», apostilla la magistrada, que recuerda que el resto de progenitores manifestaron estar de acuerdo en el juicio.

Expresiones con «incuestionable contenido ofensivo»

La jueza subraya el «tono despectivo» y los «gritos» que profirió la profesora a los niños, con expresiones con un «contenido claro e inequívoco vejatorio» a menores con una «vulnerabilidad propia por razón» de su edad y de sus «limitaciones intelectuales«.

Ve «especialmente esclarecedora» la comparación entre las «expresiones ofensivas» y con «tono humillante» que esta acusada dirigía a los niños en las grabaciones, con la «actitud cariñosa, templanza y paciencia que muestra con los alumnos en los vídeos que grabó ella tras ser descubierta la grabadora». Respecto a la auxiliar, también destaca sus expresiones «ofensivas» y su «aquiescencia» al trato «degradante y ofensivo» de su compañera hacia los menores.

La fundación, responsable civil subsidiario

La sentencia declara la responsabilidad civil de la Fundación Gil Gayarre, y le obliga a responder «con carácter subsidiario, de las cantidades acordadas como indemnización civil a favor de cada uno de los menores».

Dice la magistrada que la responsabilidad civil subsidiaria no puede eximirse por la elaboración de planes y manuales de prevención de delitos en el ámbito empresarial, y no cree la versión de la fundación de que no tuvieron conocimiento de los hechos.