La ayuda a domicilio solo cubre a un punto más de mayores que en 2010 y apenas tres CCAA dan más del 2% del PIB a servicios sociales

Las prestaciones de los servicios sociales apenas han mejorado en la última década, pese al envejecimiento de la población y al aumento de los usuarios. Ni la ayuda a domicilio, ni la cobertura, ni la financiación que destinan las comunidades autónomas ha experimentado un desarrollo significativo, especialmente en ciertas regiones que presentan datos muy bajos, sobre todo en comparación con otras. Solo tres comunidades —Castilla y León, Navarra y País Vasco— destinan más del 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a los servicios sociales; un esfuerzo económico que, para el conjunto del país, supone el 1,76% de su riqueza.

Según el Índice DEC 2024 presentado este lunes, aunque los datos muestran una mejora generalizada del sistema, también evidencian que la evolución es lenta. La ayuda a domicilio, por ejemplo, desde 2010 solo ha cubierto un punto porcentual más de usuarios. O, dicho de otro modo, en más de una década apenas se ha pasado de tener una cobertura del 4,7 al 5,7% de las personas mayores de 65 años en 2023. Algo parecido ocurre con la intensidad de esa ayuda: desde 2010, se han añadido 4,2 horas más por beneficiario, hasta las 21,1 horas mensuales de medias registradas en 2023.

Esto, según ha subrayado el coordinador del estudio, Gustavo García, durante la presentación de los resultados, es un claro indicativo de que el horizonte de desinstitucionalización queda todavía lejos para España. Que un servicio tan «emblemático» como la ayuda a domicilio apenas haya aumentado desde 2010, demuestra que todavía queda por hacer. En el caso de los grandes dependientes de grado III, que son aquellos que requieren apoyos continuados las 24 horas del día, solo reciben unas 60 horas al mes, lo que se traduce en dos horas y media diarias, de lunes a viernes. «O tiene a un familiar que se inmola, que se olvida de la conciliación, o ¿qué hacen?», ha cuestionado.

Por otro lado, el 41,9% de los beneficiarios recibe la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con un importe medio de 264,11 euros al mes. «Una cuantía insuficiente para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria», subraya el documento.

Más de 700.000 personas por recibir teleasistencia

El panorama de los otros dos servicios, según indica el estudio, «no es menos preocupante». La cobertura de los centros de día también sigue prácticamente igual a 2010: aunque en el último año se produjo un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10; sigue siendo una cobertura «muy limitada». «La teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 13 años», tal y como ha señalado este lunes José Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Respecto al año anterior, ha crecido tres puntos, hasta llegar a cubrir al 11,1% de las personas mayores de 65 años; lejos, aun así del objetivo marcado por el Gobierno para que este servicio sea un derecho subjetivo para cualquier persona con una dependencia reconocida que viva en su domicilio. En 2024, según el informe, seguían quedando 709.234 personas para alcanzar la cobertura del 100%.

Servicios «irrelevantes» en Cantabria, País Vasco y Madrid

La principal conclusión, según ha señalado Ramírez, es que el 42% de la población vive en comunidades con servicios sociales «débiles o irrelevantes». El presidente de la Asociación ha advertido, en ese sentido, que hay tres regiones en las que los ciudadanos más vulnerables están «prácticamente» desprotegidos: Murcia, Cantabria y Madrid. Son las que aparecen en lo más bajo del ranking que se elabora cada año, en base a la ordenación de sus sistemas, a la inversión que hagan y a la cobertura que consigan. Con una puntuación de 0 a 10, Castilla y León (7,73), País Vasco (7,67) y Navarra (6,97) son consideradas como comunidades con un desarrollo de sus servicios sociales «medio-alto».

A un nivel «medio» se sitúan Asturias (5,84); La Rioja (5,82); Extremadura (5,73); Aragón (5,68); Canarias (5,38); Cataluña (5,26); y Andalucía (5,21). Suspenden, con unos servicios sociales «insuficientes»: Castilla-La Mancha (4,98); Galicia (4,78); Comunidad Valenciana (4,49); y Baleares (4,43). Y, por último, están los servicios sociales de Madrid (4,73), Cantabria (4,16), y Murcia (3,26), calificados en el estudio como «irrelevantes».

«No es una cuestión de eficiencia», ha precisado Ramírez, que señala a Castilla y León como ejemplo de una comunidad que «no gasta mucho», pero sabe gestionar bien, pues obtiene un 4,37 (sobre 5,5) en cobertura. También ha elogiado a Navarra o País Vasco, que invierten más del 10% de su presupuesto anual a los servicios sociales y, además, gestionan bien y tienen una cobertura «aceptable». Según los autores del estudio, estas diferencias pueden suponer que los habitantes de una comunidad reciban la resolución de la valoración de la dependencia en dos meses y en otra tengan que esperar ocho meses o hasta un año.

Desigualdades territoriales

Uno de los problemas que más persisten a lo largo de los años es a proporción del PIB dedicado a Servicios Sociales. A nivel. nacional, el porcentaje baja por tercer año. consecutivo, hasta el 1,76%. Hay, aquí también, una gran disparidad por comunidades autónomas: mientras Madrid destina solo el 0,95% de su PIB, País Vasco invierte un 3%. En total, las administraciones destinaron 548,1 euros por habitante en servicios sociales, lo que supone un 7% que el año anterior. Aquí hay igualmente diferencias importantes, como la de Extremadura, que tiene un gasto de 713,7 euros por habitante, frente a los 405,3 de Madrid.

Unas disparidades que acaban manifestándose en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual a lo largo del territorio nacional: el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494); el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35%); el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).