Ángel Gabilondo recuerda que los retrasos en discapacidad y dependencia «se han convertido en un problema en todo el país»

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado que «resulta imprescindible incrementar el número de profesionales y recursos terapéuticos especializados para que las familias, ante los primeros síntomas, puedan acudir con prontitud a un especialista sin esperas prolongadas de citas».

Así lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde acudió para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024. En ella destacó que faltan recursos de «media estancia» para atender a los menores y jóvenes con trastornos de salud mental, discapacidad o de comportamiento, ya que en muchos casos las propias familias están dispuestas a ceder la guarda del menor a la administración, «pero no siempre se considera esa opción».

Según Gabilondo, la salud mental y la saturación de la atención primaria son «dramas de la sociedad». Por eso, recomendó a los parlamentarios que «en vez» de preguntarse «quién tiene la culpa», deberían plantearse «qué podemos hacer juntos» por esto, por ejemplo, «en el Pleno del Congreso». «Ningún español negaría que estos son dos problemas prioritarios», remarcó.

Destacó que los ciudadanos hacen llegar a la institución su preocupación por la lentitud de la Justicia y por las deficiencias en los servicios de salud. «Con sus quejas reclaman a las administraciones mayor celeridad en la Justicia y mejoras en los servicios de salud«.

En su exposición en la comisión, también recordó que, en 2024, la institución Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, de los que 34.402 fueron quejas, 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 35.733 ciudadanos: 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.

Asimismo, se formularon 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y cuatro advertencias.

Asuntos de las quejas

Los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad, protagonizaron el mayor número de quejas. Un año más, las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Asimismo, mencionó la actuación iniciada con todas las administraciones autonómicas por los problemas de retrasos para la valoración de la discapacidad. La inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades y los servicios de ámbito extraescolar, así como el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributarios y social, han sido asuntos a los que ha aludido Ángel Gabilondo en su intervención ante los diputados y senadores.

También se refirió a las dificultades de la inclusión del alumnado con discapacidad y trasladó las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido. El Defensor del Pueblo ha indicado que, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos indeseados e injustos que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las personas y familias necesitadas y vulnerables. La lenta de la actuación de las administraciones es muchas veces la causa del volumen exagerado de las deudas que se generan.

«Todas las prestaciones de la Seguridad Social que los beneficiarios han cobrado indebidamente deben ser reintegradas, incluso si se ha producido un error de la administración», reclamó, pues de no ser así la situación «puede ser más grave» en familias más vulnerables.

Además, Gabilondo recordó los retrasos para la valoración del grado de discapacidad y dependencia, que «se han convertido en un problema de alcance general en todo el país», y que puede tener un tiempo de espera de «años».