El Congreso defiende regular la relación laboral entre las personas con discapacidad y sus asistentes personales

El Congreso de los Diputados pidió este jueves que se regule jurídicamente la relación laboral entre las personas con discapacidad y sus asistentes personales, a fin de establecer «con claridad los derechos y obligaciones de ambas partes».

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el BNG en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad, que salió adelante por 18 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.

Según su portavoz, Néstor Rego, hace falta «una norma específica que ponga fin al actual vacío legal» y evite el «encaje forzado» de la figura del asistente personal en otras categorías laborales «que no corresponden a la realidad de su trabajo».

La asistencia personal «no es equiparable al trabajo doméstico ni tampoco al trabajo autónomo», precisó. Se trata de «una relación laboral con características propias que deben ser reconocidas y reguladas», exigió.

A su juicio, supone «una herramienta fundamental para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma«. Por ello requiere «seguridad jurídica», insistió, «tanto para quien recibe la asistencia como para quien la presta».

La misma Comisión aprobó hoy una proposición no de ley del Grupo Socialista dirigida a impulsar la asistencia personal para las personas en situación de dependencia, también con 18 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.

Este texto recoge parte de los avances incluidos en el anteproyecto de ley para modificar las leyes de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y General de Discapacidad. De hecho, propone implementar las «medidas necesarias» para desplegar el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de mayo de 2023, donde se establecieron las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal.

Asimismo, la iniciativa pide que la asistencia personal «sea compatible con otras ayudas y prestaciones» del sistema y que se le reconozca también carácter de servicio.

Facilitador judicial

Además, la Comisión aprobó con 20 votos a favor y 15 abstenciones una proposición no de ley para exigir la regulación del experto facilitador judicial. A instancias del Grupo Popular, la iniciativa busca generalizar la existencia de dicha figura, que tiene como objetivo posibilitar que las personas con discapacidad participen en los proceso judiciales en igualdad de condiciones.

A continuación, la Comisión respaldó de forma unánime una propuesta acordada entre PP y PSOE para mejorar la atención integral de las personas con enfermedades raras en situación de discapacidad. Impulsada por el Grupo Popular, dicha iniciativa pide mejorar la coordinación entre los departamentos de Sanidad y de Derechos Sociales, así como los circuitos de comunicación y de colaboración entre los profesionales sociosanitarios y las asociaciones de pacientes, y promover la formación en enfermedades raras de los profesionales sanitarios, «especialmente en la Atención Primaria».

Urge también a «reforzar» la asistencia y la dispensación de tratamientos domiciliarios, considerando «en todo momento» las situaciones de discapacidad que afectan a «buena parte» de las personas con enfermedades raras y otros factores como la situación socioeconómica del paciente o la distancia de su domicilio al centro o unidad de referencia más cercanos», y llama a «garantizar la equidad» en el acceso a los métodos de diagnóstico precoz, la atención médica y a los tratamientos existentes de los pacientes con enfermedades raras, «independientemente de su lugar de residencia».

Además, defiende «modificar» el Real Decreto 888/2022 por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de cara a asegurar una valoración adecuada, que permita «compensar las particularidades, las dificultades y las necesidades diarias que genera el curso de estas patologías», y propone campañas de información a la ciudadanía, a fin de «luchar contra el estigma social que en muchas ocasiones acompaña a este tipo de patologías».

Asimismo, la iniciativa insta a seguir dotando de recursos económicos y materiales los programas de «reciclaje laboral» para que «las personas con enanismo que se han dedicado a este tipo de espectáculos puedan acceder a empleos dignos y decentes» y promover políticas públicas dirigidas a favorecer el empleo de este colectivo.

La iniciativa pide también crear un censo oficial de personas con displasias óseas en España; elaborar un Libro Blanco de las personas con acondroplasia y otras displasias óseas que causan enanismo, y promover la creación de un centro de referencia estatal dentro del Sistema Nacional de Salud.

Prohibir «el alquiler» de personas con enanismo

El Congreso de los Diputados instó también este jueves al Gobierno a reformar la ley de seguridad ciudadana para impedir el «alquiler de personas con acondroplasia en despedidas de soltero» e incorporar una «prohibición expresa» de la participación de personas con discapacidad en espectáculos taurinos «cómicos» en el reglamento relativo a tales eventos.

Así se recoge en una proposición no de ley relativa a la adopción de políticas destinadas a garantizar la plena inclusión en condiciones de igualdad y respeto para las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas presentada por el Grupo Plurinacional Sumar en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, donde finalmente se acordó un texto transaccional entre el grupo proponente, PP y PSOE. el texto final salió adelante con 32 votos a favor y solo tres en contra.

Fue la diputada de Vox Blanca Armario quien rechazó la propuesta, por considerar que «la prohibición atenta contra la libertad de empleo de las personas con discapacidad». «Ninguna persona con discapacidad necesita que el Estado le diga en qué puede o no puede trabajar».

En la defensa de esta iniciativa, el portavoz de Sumar, Rafael Cofiño, lamentó «la naturalidad con que parte de la sociedad ve hechos tan denigrantes» como que «una persona con enanismo circule por las calles esposada para divertir» a los asistentes a una despedida de soltero. Por ello, el texto pide modificar el artículo de la ley de seguridad ciudadana referido a los espectáculos públicos, a fin de impedir esta práctica en exhibiciones humillantes, e impulsar todas las reformas legales que hagan falta con este propósito.

También exige que el nuevo reglamento de Espectáculos Taurinos incorpore una prohibición expresa a la participación de personas con discapacidad en espectáculos que puedan resultar denigrantes, humillantes «o tener como fin la hilaridad ante su discapacidad».

Acceder a las zonas de bajas emisiones en cualquier ciudad de España

También en relación con los derechos de las personas con discapacidad, Congreso de los Diputados reclamó este jueves la creación de «un sistema común a nivel nacional para la autorización de las personas con discapacidad y movilidad reducida a las zonas de bajas emisiones» de cualquier ciudad de España en igualdad de condiciones.

Así se recoge en una proposición no de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobada hoy en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad por 15 votos a favor, tres votos en contra y 17 abstenciones.

Según la diputada socialista Ana Cobo, más de 3,8 millones de personas en España tienen discapacidad, y la gran mayoría de ellas presentan algún problema de movilidad. Para un porcentaje importante de este colectivo «el vehículo privado no es una opción, sino una necesidad» derivada de la poca accesibilidad o insuficiencia del transporte público, y agregó que gran parte de esta flota «son vehículos de combustión».

Cobo explicó que, en general, han sido los municipios los encargados de regular toda la normativa sobre sus zonas de bajas emisiones -restricciones al tráfico, posibles excepciones, etc.-. «Debido a esta dispersión normativa, una persona con discapacidad que se desplaza en su vehículo a otro municipio puede verse sancionada» si circula por dichos espacios restringidos, advirtió.

Agregó que en España «hay 148 municipios de más de 50.000 habitantes» que, por tanto, «tienen potestad» para regular en este sentido. «La creación de un registro único y centralizado de estos vehículos» facilitaría la movilidad de las personas con discapacidad, indicó, y destacó que su iniciativa «recoge una petición expresa de las asociaciones del sector».

Su objetivo es «garantizar que las personas con movilidad reducida que se desplazan a otra localidad por motivos de trabajo, salud, formación, ocio o cualquier otro puedan circular por estas zonas de bajas emisiones igual que lo harían de hallarse en su municipio de residencia habitual».

Vox, que presentó una enmienda donde pedía la supresión de todas las zonas de bajas emisiones por suponer «una vulneración del derecho de la libre circulación», votó en contra de la iniciativa. El Grupo Popular presentó enmienda a la proposición, aunque decidió abstenerse y el texto pudo salir adelante en sus propios términos.

Además, en la misma comisión se aprobó de forma unánime una propuesta del PP para impulsar de manera urgente la transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad. Según su portavoz, Violante Tomás, la aprobación de dicha directiva representó «un paso muy importante a la hora de garantizar el derecho de libre circulación de las personas con discapacidad» por toda la UE.

«Nuestro objetivo con esta proposición es que el Gobierno no se duerma en los laureles» a la hora de trasponer tales avances a la legislación nacional. «No solo para cumplir con los plazos de la UE, sino para que las personas con discapacidad puedan empezar a disfrutar cuanto antes» de este derecho.