El 90% de las personas con discapacidad física y orgánica no tienen rehabilitación en la sanidad pública

El ‘Estudio sobre los factores condicionantes del acceso a tratamientos y terapias adecuadas en las personas con discapacidad física y orgánica en España’, elaborado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), concluye que el 89,4% de las personas con discapacidad física y orgánica no acceden a terapias de rehabilitación «a través de la cobertura pública».

Los programas de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y tecnologías de apoyo son «insuficientes» y esta falta de cobertura impacta de forma directa en la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. Así lo indica el estudio hecho público este martes por Cocemfe con motivo de la próxima celebración del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra el 3 de mayo.

Los gastos asociados a la discapacidad suponen, además, la principal inversión para las personas con discapacidad, suponiendo los medicamentos un 29,6% de su presupuesto y los tratamientos médicos un 10,5%. «Esto genera una sobrecarga que limita el acceso a tratamientos farmacológicos y terapias de rehabilitación, especialmente para aquellas personas de menores ingresos».

Las demoras en el acceso a diagnósticos y tratamientos suponen otra de las principales barreras para las personas con discapacidad física y orgánica, especialmente en el caso de las personas que tienen enfermedades degenerativas. Según el informe de Cocemfe, estas demoras pueden estar relacionadas con la falta de recursos en el sistema de salud y las cargas burocráticas existentes.

El estudio también destaca las «diferencias territoriales» que existen a la hora de acceder a los tratamientos y revela que el 88,5% de las personas con discapacidad física y orgánica no tienen acceso a apoyo psicoterapéutico a través de la sanidad pública. Esta situación propicia la percepción de abandono que afecta de forma directa a la salud mental y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

A estas barreras se suman la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo y de recursos para proporcionar una atención adecuada, la exclusión en programas de salud pública y la ausencia de una regulación estatal que garantice la rehabilitación como derecho universal. El impacto de los determinantes sociales, como la precariedad económica o la exclusión social, también incide directamente en la salud física, mental y emocional de las personas con discapacidad.

«No se puede hablar de un sistema sanitario justo si las personas con discapacidad seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos que necesitamos», señaló el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.

En relación a las barreras que tienen que superar las personas con discapacidad, la presidenta de Fneth, Eva Pérez Bech, reclamó «una sanidad equitativa, accesible y centrada en las personas, que garantice su derecho a los tratamientos».