Ocho de cada diez personas con discapacidad asumen gastos extra en tratamientos o productos sanitarios

El 75% de las personas con discapacidad no reciben los servicios sanitarios y sociales que requieren para cubrir sus necesidades con la regularidad e intensidad suficientes, cifra que asciende al 80% en el caso de las mujeres con discapacidad. El 81,6% del colectivo asumen gastos adicionales en tratamientos o productos sanitarios

Así lo denunció este lunes la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebró el lunes. Según su presidente , Anxo Queiruga, «los servicios sanitarios siguen presentando graves barreras físicas, comunicativas y de acceso a la información».

«Estas barreras, sumadas al desconocimiento generalizado sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, actúan como factores que intensifican la exclusión social y restringen el desarrollo de la autonomía personal y el derecho a la salud y a una vida independiente», denunció.

En este sentido, Cocemfe reclamó una coordinación efectiva en todos los niveles como elemento esencial para desarrollar un espacio sociosanitario eficaz, público y universal. A su juicio, «un auténtico espacio sociosanitario debe contar con presupuesto y recursos suficientes, y adoptar un enfoque preventivo, comunitario y centrado en la persona».

De igual modo, hizo hincapié en que «uno de los puntos más preocupantes es la falta de equidad en el acceso a la Atención Temprana«. Incidió en que «este servicio no puede depender del lugar en el que residas, teniendo en cuenta su importancia para garantizar el pleno desarrollo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad».

Por todo ello, Cocemfe demandó que la Atención Temprana sea reconocida como un derecho subjetivo universal, garantizado desde el diagnóstico; definir una cartera común básica de servicios en todo el país; invertir en profesionales especializados y formación continua, y que la intervención se realice también en entornos rurales, con participación activa de las familias».

Además, Cocemfe exigió asegurar la universalización y equidad territorial de los servicios de salud y atención social; eliminar barreras en centros de salud, hospitales y servicios de urgencia; garantizar e acceso a tratamientos y tecnologías de apoyo; acabar con los sobrecostes sanitarios que asumen las personas con discapacidad; mejorar la formación del personal sanitario en atención a la discapacidad, y reformar la atención sociosanitaria, para centrarla en la persona y con perspectiva de género y discapacidad. «Porque no hay salud sin derechos, reclamamos unos servicios sociales y sanitarios coordinados que nos permitan avanzar en inclusión, autonomía e igualdad», concluyó Queiruga.