Gabilondo advierte de retrasos de hasta más de cuatro años para valorar la discapacidad en algunas comunidades

El Defensor del Pueblo ha advertido de retrasos de hasta más de cuatro años para valorar la discapacidad en algunas comunidades autónomas.

Así se desprende del Informe Anual de la actividad del 2024 de la institución, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En este sentido, expone en el informe que los problemas de retraso para la valoración de la discapacidad siguieron siendo objeto de un número «muy alto» de quejas recibidas en 2024, superando «ampliamente» el de los años anteriores.

«Partiendo de que los retrasos, que en algún caso podían superar los cuatro años, se planteaban de forma generalizada en todos los territorios, sin excepción, esta institución estimó oportuno iniciar una actuación general con el conjunto de las administraciones autonómicas«, indica.

El objetivo de esta explica que era «no solo concretar numéricamente las demoras existentes, o los tiempos medios en la resolución de estos expedientes administrativos, sino también conocer los medios materiales y personales existentes; el diseño y puesta en marcha de planes de choque; las medidas de coordinación con los servicios encargados de la gestión de prestaciones o de ayudas vinculadas al reconocimiento del grado de discapacidad, o la inclusión en los certificados de discapacidad de la necesidad acreditada de concurso de tercera persona».

Si bien, añade que las administraciones competentes son «muy conscientes» del problema planteado y asegura que están implementando, en mayor o menor medida y con distintas características, planes de gestión para reducir las «importantes demoras existentes».

En cuanto al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Defensor del Pueblo indica que las quejas en 2024 se incrementaron, suponiendo ya la cuarta parte de las tramitadas en materia de política social. Estas afirma que, como en años anteriores, el mayor número afectaron a las comunidades autónomas de Canarias y de Andalucía.

Por otro lado, la institución también aborda el cuidado de personas mayores en centros residenciales. En este punto, expone que, con carácter general, se ha podido constatar la «atención e interés» que las administraciones competentes están prestando a la atención residencial de larga estancia y a los nuevos postulados de atención centrada en los mayores, en su autonomía y dignidad.

En este sentido, añade que aspectos como la limitación y, en su caso, eliminación de sujeciones mecánicas o farmacológicas son una preocupación constante del Defensor del Pueblo. En todo caso, apunta que las comunidades autónomas están reforzando estos últimos años sus servicios de inspección y de control de calidad de los centros residenciales.