España necesitará al menos 260.000 cuidadoras más en 2030 para mantener el sistema de dependencia

El sistema de dependencia necesitará, dentro de cinco años, a por lo menos 260.000 trabajadoras más de las que dispone ahora mismo. Un reto nada desdeñable, teniendo en cuenta la dificultad para encontrar a profesionales en este sector, y ante la evolución demográfica que apunta a un mayor envejecimiento de la población. Para abordar este desafío, el Ministerio de Derechos Sociales ha creado un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, que desde este mismo lunes analizará las causas de ese déficit y valorará posibles medidas para mejorar las condiciones de trabajo y, en definitiva, facilitar la empleabilidad del sector.

Concretamente, y según las proyecciones reflejadas en el informe Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, España necesitará a un total de 751.000 trabajadoras en 2030 para mantener la cobertura actual del sistema de dependencia y atender a las más de dos millones de personas beneficiarias que se estima que habrá para entonces. Esto supone la incorporación de al menos 261.400 profesionales más, o, dicho de otro modo, un incremento del 53% en los próximos cinco años respecto a las 489.900 personas que estaban empleadas a finales de 2024.

«En nuestro país ya tenemos problemas, las comunidades autónomas, los proveedores de servicios, para encontrar profesionales que incorporar al sistema. Y esta necesidad solo va a aumentar en los próximos años debido al envejecimiento de la población», ha advertido la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en declaraciones a los medios antes del acto de presentación de los resultados del informe.

Por tipo de servicios, el documento identifica la atención domiciliaria como el ámbito en el que más refuerzo de profesionales necesitará en los próximos años. Concretamente, las estimaciones del Ministerio calculan que este servicio necesitará aumentar en un 114% el número de trabajadores en los próximos cinco años: de las 117.900 de 2024 a las 252.200 de 2030. También habrá que aumentar un 38,6% la atención residencial (de 253.000 a 350.700 trabajadoras); y otro 24% de aumento en las plantillas de profesionales en los centros de día (de 119.000 a 148.000).

Mejorar las condiciones de un sector feminizado

Vistas las proyecciones, el ministro Pablo Bustinduy ha hecho un llamamiento para asumir este asunto «como uno de los principales retos que enfrenta el Estado del bienestar del futuro». En ese sentido, el titular de Derechos Sociales ha avanzado que su departamento va a abrir un «espacio de coordinación institucional», tanto dentro del Gobierno —mediante una comisión interministerial—, como con el resto de autonomías. De hecho, esta misma tarde, el ministro presentará el informe a los gobiernos autonómicos para que puedan identificar las necesidades laborales en la dependencia en cada territorio.

La secretaria de Estado ha señalado que esas dificultades y ese déficit en el número de cuidadoras responden, sobre todo, a una «falta de valorización del trabajo de los cuidados» y a las «duras condiciones» laborales del sector. Datos que se reflejan también en el informe presentado este lunes, en el cual se evidencia que las cuidadoras familiares —en torno al 80% son mujeres— dedican al menos nueve horas al día a cuidar a sus familiares dependientes. Algo que impacta directamente en su calidad de vida y que constituye uno de los mayores motores de la brecha de género, que se sitúa en España en un 19,6%.

Bustinduy también ha alertado de la «profunda brecha de género» que sigue predominando en el sistema de cuidados. Según ha defendido, la incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha acabado con las trabas que sufrían antes por la falta de valorización social de los cuidados. El ministro ha señalado que las trabajadoras domiciliarias ganan un 35% menos por hora respecto al salario medio de España; casi la mitad de ellas tiene un contrato parcial; y tienen más del doble de probabilidades de trabajar en turnos nocturnos o en domingos. «En el conjunto de países de la OCDE, un 73% de las trabajadoras de dependencia están expuestas a riesgos para su salud física y mental», ha explicado, antes de denunciar «una realidad injusta e insostenible».

Así, y según ha resaltado el ministro, la voluntad de su departamento es continuar con el «esfuerzo financiero» que asegura que ya viene haciendo el Gobierno en los últimos años, con un aumento de la financiación en dependencia de un 150% en cuatro años y la utilización de fondos europeos para «transformar el sistema de cuidados». «Defendemos que haya unos presupuestos donde la política social figure como una de las máximas prioridades», ha subrayado.