Muchas veces la norma llega para poner orden a realidades que deberían ser evidentes. Ocurre con frecuencia en leyes ligadas a la sostenibilidad, donde muchas empresas no comienzan a actuar hasta que, de alguna manera, se ven obligadas a hacerlo. Una situación que actualmente está sucediendo con la accesibilidad web.

Nos movemos en un mundo digital donde prácticamente todo se gestiona a través de una pantalla: trabajamos, compramos, reservamos mesas en restaurantes, pedimos la cena del viernes o incluso concertamos citas médicas sin necesidad de hacer una llamada. Pero… ¿qué pasa cuando una parte de la población no puede hacer esto porque las páginas web y las aplicaciones no están diseñadas para ellos?

La accesibilidad web no es un capricho ni un extra opcional, es un derecho. Y permite a las empresas comunicar para todos. Su objetivo es garantizar que todas las personas puedan acceder a la información y los servicios digitales en igualdad de condiciones. Para alguien sin discapacidad, quizás pasar por alto un botón mal diseñado o un texto con poco contraste es solo una molestia. Pero para una persona con discapacidad visual, una web inaccesible es una barrera infranqueable que la excluye de algo tan cotidiano como hacer la compra online o consultar la cartelera del cine.

La accesibilidad web no es un capricho ni un extra opcional, es un derecho

Por eso, en España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) establece que los sitios web, especialmente los de entidades públicas o financiadas con fondos públicos, deben cumplir con ciertos criterios de accesibilidad. A nivel europeo, la Directiva de Accesibilidad Web 2016/2102 obliga a las administraciones a garantizar que sus páginas y aplicaciones móviles sean accesibles. Pero la normativa va más allá: la Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios señala que, a partir de junio, la accesibilidad se aplicará también al sector privado, afectando a comercios electrónicos, bancos, servicios de transporte y telecomunicaciones, entre otros.

De este modo, ponerse al día no se trata solo de evitar sanciones, sino de hacer que las webs sean perceptibles, operables y comprensibles para cualquier persona. Esto significa, por ejemplo, que deben ser compatibles con lectores de pantalla, ofrecer alternativas de texto para imágenes, incluir subtítulos en los vídeos, permitir la navegación mediante teclado y asegurar que la información sea clara y fácil de entender.

Además de ser un imperativo legal, tiene ventajas que a menudo se pasan por alto. Las empresas que invierten en accesibilidad amplían su mercado potencial, llegando a millones de personas que antes no podían acceder a sus productos o servicios. También mejoran su posicionamiento en buscadores y optimizan la experiencia de usuario para todos.

En esta transición es mejor estar acompañados de un equipo experto. Es mejor evitar creencias como que la accesibilidad se resuelve con herramientas automáticas o con soluciones rápidas que prometen solucionarlo con solo un clic. La realidad es que esto no solo es insuficiente, sino que en algunos casos puede generar más problemas de los que soluciona.

La accesibilidad web requiere un enfoque serio, con evaluaciones realizadas por especialistas y con ajustes diseñados específicamente para garantizar que cualquier persona, independientemente de sus capacidades o del dispositivo que utilice, pueda navegar sin barreras.

Las empresas y administraciones tienen un reto por delante. Pero en una sociedad cada vez más digitalizada, garantizar que nadie quede excluido es una responsabilidad de todos.