El difícil reto de emanciparse teniendo discapacidad intelectual: 7 de cada 10 viven con sus familias

En España hay unas 300.000 personas con discapacidad intelectual que, para poder tener una vida independiente, requieren de apoyos personalizados para la realización de sus actividades de la vida diaria.

Según el estudio «Construyendo hogares: el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual», realizado y presentado por la Fundación PwC y la Fundación Álex Rivera, estas personas no acceden a una vivienda tan fácilmente como desearían. De hecho, casi el 70% sigue viviendo con su familia a pesar de que casi la mitad de ellos -el 45,5%- desearía vivir de manera independiente, y solo el 5,4% vive en su propia casa.

Entre los obstáculos que complica su independencia, los económicos -pues apenas el 22 % de ellos tiene un trabajo remunerado y los que lo tienen ganan muy poco- o personales, como la falta de autonomía y la escasez de recursos. De hecho, los que no trabajan, apenas reciben ayudas, pues solo el 37% recibe ayudas económicas, y de una media de 413 euros al mes, principalmente prestación por hijo a cargo, pensión por orfandad o la ley de dependencia, entre otros.

¿Dónde viven?

La encuesta llevada a cabo por la Fundación PwC y la Fundación Álex Rivera desvela que casi 7 de cada 10 personas con discapacidad intelectual, el 68,2%, viven familia y que sólo el 20,3% viven en viviendas no institucionales (pisos tutelados -6,8%-, supervisados -6,8%-, de entrenamiento -2,7%, o propios -5,4%-). El resto, el 10,8%, vive en residencias institucionalizadas.

Un 59% de ellos requiere de apoyos extensos o generalizados con alta frecuencia e intensidad para realizar las actividades de la vida diaria, sea cual sea la tipología de vivienda en la que habite, y solo el 11% asegura no necesitar apoyos. Es decir, que no siempre las personas que más apoyo necesitan viven con su familia o en residencias, sino que la desinstitucionalización y la vida independiente no están reservados únicamente a los que presentan una mayor autonomía, sino que también es una opción viable para quienes presentan mayores necesidades de apoyo.

El modelo de convivencia es muy dispar en los diferentes modelos de vivienda. En instituciones, el 91% convive con 10 o más personas, mientras que tanto en los modelos de vivienda no institucionales como en las viviendas familiares esta cifra se reduce significativamente a 2-3 personas, reflejando que las viviendas no institucionales y las familiares ofrecen entornos más reducidos y personalizados.

En cuanto a la situación laboral de las personas con discapacidad intelectual en relación a dónde viven, según este estudio, las que residen en viviendas no institucionales presentan la mayor tasa de inserción y mejores condiciones laborales, con un 31% de empleabilidad, en comparación con el 4% que viven en residencias y el 14% en la vivienda familiar. Además, el 83% de las personas con trabajo que residen en viviendas no institucionales cuentan con un contrato fijo y tiene, de media, mejores salarios.

¿Dónde quieren vivir?

Casi la mitad de los encuestados, un 45,5%, desearían vivir de manera independiente o en una vivienda desestitucionalizada. Sin embargo, solo el 20% lo hace. Entre los motivos principales, además de los motivos económicos, no haberse planteado una mayor independencia o la percepción de no tener suficiente autonomía, pues el 61% de las personas que viven en estos entornos manifiestan necesitar apoyos extensos o generalizados. A pesar de ello, el 39% de las personas con discapacidad que viven en residencias aseguran que sí les gustaría vivir en viviendas institucionales.

Las que residen en la vivienda familiar, pese a mostrar satisfacción con su vivienda, resaltan no haberse planteado la vivienda no institucional por motivos económicos o por la falta de plazas disponibles, factores directamente relacionados con las barreras económicas. De hecho, el coste de vida en una vivienda no institucional es, en general, superior a las ayudas que reciben, pues en algunos casos, puede superar los 1.400 euros mensuales.

En cuanto a nivel de satisfacción, son las viviendas no institucionales -el 98% de ellas gestionadas por asociaciones que prestan apoyos- las que generan una mayor sensación de bienestar entre las personas usuarias. De acuerdo con un estudio realizado por ASPRODEMA en 2017, en los modelos de vivienda no institucionales se obtuvieron puntuaciones más altas de calidad de vida (60%), en comparación con las viviendas institucionales, como las residencias (40%) o las residencias hogar (24%).

Por otro lado, tanto en las viviendas de un familiar como en las propias existe una mayor libertad para elegir compañeros de piso en comparación con las viviendas gestionadas por entidades. A pesar de ello, esta menor capacidad de elección no influye en los niveles de satisfacción con los compañeros de vivienda, manteniéndose altos.

Retos para mejorar el acceso a la vivienda

Muchos son los retos que tenemos por delante para mejorar el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad, retos que, desde este estudio proponen superar mediante una mayor inversión pública y con colaboración público-privada. Proponen, por un lado, la necesidad de llevar a cabo medidas urgentes para impulsar cambios significativos en la transición a modelos comunitarios e inclusivos de vivienda, y por otro, el aumento del parque público de viviendas con precios sociales y modificando las bases de planes de vivienda públicos para que las personas con discapacidad intelectual, sus familias o entidades sociales puedan acceder más fácilmente a ellos.

En cuanto al sector privado, sugieren que se creen incentivos para las entidades inmobiliarias (promotoras, grandes tenedores o gestoras) reserven parte de su cartera a viviendas para personas con discapacidad intelectual. «Las promotoras de vivienda, los grandes tenedores y las administraciones públicas pueden tener un rol clave facilitando el acceso a vivienda a las personas con discapacidad intelectual. Soluciones tecnológicas innovadoras pueden facilitar la vida independiente de las personas a la vez que reducen el coste asociado. En otros países de Europa como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya se han implementado con éxito modelos de viviendas no institucionales y apoyos personalizados sin instituciones», explica Carlos Rivera, presidente de Fundación Álex Rivera.

Sin embargo, nada de esto sería posible si antes no se pregunta ni se cuenta con las propias personas con discapacidad y sus familias, «al empezar a trabajar en el informe, nos dimos cuenta de que es la primera vez que se visibilizan estos datos sobre el acceso a la vivienda de personas con discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, no se ha hecho nada por puro desconocimiento del problema. Conforme trabajábamos en el documento hemos detectado que muchas empresas están interesadas en colaborar para ofrecer soluciones a este colectivo», explica Miren Tellería, socia responsable del sector Real Estate de PwC España y responsable del informe, «es importante reflexionar sobre estas conclusiones y oportunidades que vienen directamente de dar voz a las personas con discapacidad intelectual y que son clave para sensibilizar sobre la importancia de la desinstitucionalización y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual», destaca.