La dependencia en España: más personas atendidas, pero con un sistema «low cost» que se consolida

El Sistema de Atención a la Dependencia ha alcanzado en 2024 su mayor inversión histórica con 12.000 millones de euros, pero el estancamiento de la financiación estatal y la precariedad de muchas prestaciones consolidan un modelo de bajo coste que deja en el limbo a cientos de miles de personas. Así lo revela el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados por José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En este informe, se analiza la evolución del sistema en España y su aplicación en cada comunidad autónoma, poniendo en evidencia las graves desigualdades y las deficiencias estructurales del modelo actual.

A finales de 2024, 1.636.757 personas tenían reconocida su situación de dependencia, con un incremento de 106.558 personas atendidas. Sin embargo, 270.325 siguen esperando, bien porque aún no han sido valoradas (127.879 personas) o porque, pese a tener reconocido el derecho, aún no reciben ningún servicio (142.466).

El tiempo medio de resolución de expedientes ha aumentado hasta los 334 días, diez más que en 2023, y 34.252 personas han fallecido en listas de espera. Es decir, cada 15 minutos muere una persona en España sin haber recibido la atención que necesitaba.

Las diferencias entre territorios siguen siendo alarmantes. Castilla-La Mancha y Castilla y León lideran el ranking con una nota de 8,3 en la Escala del Observatorio Estatal de la Dependencia. En el extremo opuesto, Murcia (3,1) y Canarias (3,3) siguen siendo las regiones con peor gestión del sistema.

Inversión condicionada y financiación insuficiente

El Plan de Choque, que en los últimos años inyectó 600 millones de euros anuales, se ha paralizado en 2024. Aunque el gasto total ha crecido en 187 millones, esto se debe a un imperativo legal derivado del aumento de personas atendidas, no a un compromiso político real. Además, el Ministerio ha tenido que destinar 48 millones de euros adicionales a la Seguridad Social de cuidadoras no profesionales.

A pesar de esta inversión récord, la financiación sigue muy lejos de la media europea: España destina solo el 0,8% de su PIB a dependencia, mientras que la media de la UE es del 1,6%.

La burocracia ralentiza el acceso a las ayudas

El Plan de Choque pretendía reducir las listas de espera, pero en 2024 solo se han reducido en 26.106 personas, un ritmo insuficiente para garantizar la plena atención en un plazo razonable. De mantenerse esta velocidad, se necesitarían más de 10 años para acabar con el problema.

Además, el tiempo medio de espera sigue aumentando, lo que contribuye a que cada vez más personas fallezcan antes de recibir las prestaciones a las que tienen derecho. Desde la aprobación de la Ley en 2008, se estima que 900.000 personas han muerto en listas de espera.

Teleasistencia como única prestación para miles

El modelo «low cost» se refleja en datos como el de la teleasistencia, que se ha convertido en la única prestación para 65.973 personas, casi 5.000 más que el año anterior. En Madrid, este porcentaje es aún más alto: uno de cada tres beneficiarios en la región solo recibe este servicio.

Además, el 41,9% de los beneficiarios recibe una prestación económica para cuidadoras familiares, con una cuantía media de apenas 264,11 euros mensuales. Por grados de dependencia, las ayudas son 168,8 € para Grado I, 277,2 € para Grado II y 384,6 € para Grado III, importes muy alejados del coste real de los cuidados necesarios.

Reforma sin aumento de presupuesto

El Gobierno ha aprobado un proyecto de reforma de la Ley de Dependencia, pero sin un incremento presupuestario y con muchas asignaturas pendientes de la norma actual. Para hacer realidad estas mejoras, los expertos advierten de que serían necesarios 1.000 millones de euros adicionales en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Además, señalan que las comunidades autónomas deben agilizar procedimientos, incrementar las cuantías de las prestaciones y mejorar la intensidad de los servicios, así como garantizar su compatibilidad para que la atención a la dependencia sea realmente efectiva.

El XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia evidencia que, aunque el número de personas atendidas sigue creciendo, el sistema no ha logrado salir de la precariedad. España mantiene un modelo de atención bajo en costes, pero también en calidad y eficacia, dejando a miles de personas sin la ayuda que necesitan y consolidando un futuro incierto para quienes dependen de este sistema.