Cermi Mujeres celebra el pacto contra la violencia de género, pero pide que se refuerce «la protección» de víctimas con discapacidad

La Fundación Cermi Mujeres asistió este miércoles en el Congreso de los Diputados a la aprobación del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que calificó de «herramienta clave en la lucha contra la violencia machista en España», y celebró que refuerza «la protección» de las víctimas con discapacidad.

Según esta entidad, la actualización del Pacto servirá para «reforzar los compromisos en la protección y el apoyo a todas las víctimas».

Por ello, celebró esta renovación como «un avance esencial en la protección de las mujeres y niñas con discapacidad, un grupo especialmente vulnerable a la violencia de género y que sigue enfrentando múltiples barreras para acceder a recursos de atención, justicia y protección efectiva».

La fundación Cermi Mujeres ha analizado en detalle los contenidos sobre discapacidad y accesibilidad del informe de la subcomisión del Congreso que ha trabajado en la renovación del Pacto, a fin de analizar en qué grado este acuerdo incluye medidas con las que garantizar una protección reforzada de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género.

Tras su evaluación, la Fundación apuntó que contiene «avances importantes», aunque «sigue habiendo retos pendientes en accesibilidad, justicia y protección específica».

Entre las mejoras, Fundación Cermi Mujeres destacó que el Pacto «refuerza el compromiso con la accesibilidad universal y señala que es necesario eliminar barreras en los recursos de atención a víctimas y en los procedimientos judiciales, también la adaptación de información en formatos accesibles como lectura fácil, lengua de signos y braille».

Asimismo, menciona la formación especializada para operadores jurídicos y sanitarios, con el objetivo de capacitarlos para que comprendan las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Asimismo, se insiste en la necesidad de reforzar la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y judiciales para garantizar una atención integral.

En cuanto a protección económica y social, el nuevo pacto reconoce los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder al empleo y la vivienda tras una situación de violencia, por lo que mejora las ayudas y apoyos disponibles.

Barreras pendientes

En el lado contrario, Fundación Cermi Mujeres advirtió de las carencias que aún deben abordarse para garantizar una protección real y efectiva de las mujeres con discapacidad.

En el acuerdo no se detallan medidas concretas para asegurar la plena accesibilidad en juzgados y tribunales, apuntó, y tampoco figura ningún plan integral con medidas específicas para la prevención, detección temprana y protección de mujeres con discapacidad frente a la violencia de género.

Otro aspecto pendiente es la falta de datos desglosados sobre el impacto de la violencia de género en mujeres con discapacidad, lo que dificulta el diseño de políticas basadas en evidencias.

La dotación económica y los recursos específicos para adaptar los servicios a las necesidades de las mujeres con discapacidad siguen siendo, a juicio de la Fundación, «insuficientes».