Discapacidad y dependencia, don sin din

Es obligado hablar del anteproyecto que quiere reformar la ley de la discapacidad y de la dependencia. Aún está en pañales, dependiente de volver a Consejo de Ministros antes de ser enviado al Congreso de los Diputados. Habla, entre otras muchas cuestiones, de accesibilidad, de dotar con un 33% de discapacidad a toda persona que tenga la dependencia, de un registro estatal de tarjetas azules, evitar la discriminación de los seguros, más asistencia personal y teleasistencia y la reducción de las incompatibilidades en servicios.

Puede cambiar, puede no llegar a ver la luz, e incluso convirtiéndose en una realidad en el BOE, si no logra los recursos suficientes de poco servirá. Ese es el lamento, la precaución, el germen del escepticismo de las asociaciones representantes de personas con discapacidad cuando se les pregunta por esta reforma. Lo es también de José Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, que califica directamente al sistema de dependencia que tenemos como ‘lowcost’.

Ya pasó algo parecido con el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo. Un nombre rimbombante, que tiene casi más letras que dotación: apenas 40 millones de euros. Llegó en 2023 con 8 años de retraso para suponer nada o casi nada para las personas con TEA en España.

Para que los sistemas de la discapacidad y la dependencia funcionen, es imprescindible una buena inyección de recursos. Todo lo demás, son solo buenas intenciones. Recursos dirigidos también a erradicar las listas de espera de la vergüenza que tanto perjudican a los ciudadanos que se encuentran en esa situación, con las administraciones incumpliendo sus obligaciones de dar respuesta con total impunidad desde hace años.

Mucho me temo que también es una cuestión que se arregla con dinero. De nada sirven las promesas y deseos plasmados sobre el papel, si no hay presupuestos que acompañen.