La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado este lunes por la tarde al presidente del Parlament, Josep Rull, el informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT) de 2024, en el que se solicitan alternativas a la prisión para las personas con discapacidad intelectual.

Se trata del decimocuarto informe entregado al Parlament y, en esta edición, el monográfico del informe, consultado por Europa Press, está enfocado en las personas con diversidad funcional que cumplen condena o que se encuentran en situación de prisión preventiva en Catalunya «en un sistema que normalmente no está preparado para atenderlas adecuadamente».

El informe constata que, aunque se están haciendo esfuerzos para adaptar el entorno penitenciario a las personas con discapacidad intelectual, «las carencias todavía continúan y son frecuentes», dado que no hay unidades específicas en las prisiones a excepción de Quatre Camins (Barcelona).

Por este motivo, personas con discapacidad intelectual «conviven mezcladas con otros internos vulnerables, ya sea porque tienen una patología mental, un problema de consumo o una discapacidad» y, en el caso de las mujeres, en los centros no hay un espacio específico para ellas o el que hay es claramente deficiente, según recoge textualmente el documento.

Subraya que la única prisión que dispone de una unidad residencial en Catalunya para atender la discapacidad intelectual en la actualidad es Quatre Camins y que las mujeres «vuelven a ser discriminadas, pues no pueden acceder a esta unidad ubicada en un centro penitenciario de hombres».

Aunque en esta unidad específica de Quatre Camins no hay lista de espera, al ser el único centro que cuenta con este servicio algunos presos con discapacidad intelectual acreditada que se encuentran en otras prisiones no quieren que se les traslade «porque supondría alejarse del domicilio familiar», lo que podría ser contraproducente, según el informe.

Por este motivo, de los 136 internos con una discapacidad intelectual acreditada en Catalunya, sólo 31 residen en esta unidad especializada.

Destaca que en algunos centros las unidades especializadas para personas con perfil vulnerable -algunos de los visitados como Ponent (Lleida) y Dones (Barcelona) no disponen de ellas- tienen un límite temporal de dos años antes de regresar a un módulo ordinario, que puede ser adecuado en algunos casos, «pero no para los internos con discapacidad intelectual».

Además, aseguran que hay «un porcentaje elevado de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que no tienen el certificado oficial» ni están detectadas como vulnerables, por lo que residen en módulos ordinarios, que no están adaptados.

Un porcentaje elevado de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que no tienen el certificado oficial ni están detectadas como vulnerables

Para la elaboración de este monográfico, el MCPT ha visitado los módulos y unidades de 7 centros penitenciarios de Catalunya en los que se ubican las personas con discapacidad y, pese a las carencias en el sistema, destacan la «loable tarea» del personal penitenciario de tratamiento y de servicio interior.

Por todo ello, piden a la Administración que tenga en cuenta la discapacidad intelectual a la hora de desarrollar los procedimientos policiales y judiciales, que se potencien instrumentos que permitan que estas personas puedan cumplir condena mediante una medida alternativa a la entrada en prisión y que, en caso de ingresar en la cárcel, se emita un informe a la autoridad judicial correspondiente.

También, que se establezcan indicadores que faciliten su detección, que se elaboren planes de tratamiento individualizados para facilitar su reinserción una vez terminada la condena y que todas las prisiones de Catalunya dispongan de módulos o unidades especializadas para ofrecer una atención especializada.

Piden analizar la circular 2/2024

En el informe también se analiza la Circular 2/2024, que se implementó en las prisiones catalanas tras el asesinato a manos de un interno de la cocinera del Centro Penitenciario Mas d’Enric (Tarragona), Núria López, que regula el acceso y extinción de la relación laboral penitenciaria.

La síndica considera que el trabajo penitenciario tiene una función de reinserción y que la nueva circular supone una «restricción excesiva» al acceso y permanencia en los talleres.

Por eso, solicita su revisión porque aumenta los destinos considerados de «especial riesgo» y porque establece nuevos requisitos que, según el informe, carecen de base legal, como es no haber estado condenados por delitos violentos con resultado de muerte o lesiones graves.

En lugar de restringir el acceso de los internos al trabajo penitenciario, recomienda reforzar las medidas de seguridad mediante la instalación de cámaras y arcos detectores o la realización de controles más frecuentes.

De 136 internos con una discapacidad intelectual acreditada en Cataluña, sólo 31 residen en esta unidad especializada

Clausura de las custodias de policías locales

En lo que respecta a las policías locales, el informe del MCPT pide que, cuando practiquen alguna detención se transfiera a los detenidos directamente al área básica policial de los Mossos d’Esquadra, absteniéndose de hacer su custodia.

Para ello, solicita que se haga un protocolo de actuación entre el ayuntamiento correspondiente y la Conselleria de Interior para clausurar estas custodias.

Para la elaboración de la totalidad del informe se han hecho 37 visitas a 35 centros, de los cuales 19 son comisarías de policía, tanto de Mossos d’Esquadra (7) como de policías locales (12), además de 8 centros penitenciarios, los talleres Raïmat del Centre Penitenciari de Ponent, un módulo del hospital penitenciario, 6 centros educativos de justicia juvenil, un centro sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica.