En estos días se cumple el primer aniversario de la tercera reforma de la Constitución Española. En el invierno de 2024, la mayoría del arco parlamentario se puso de acuerdo para modificar el artículo 49 de la Carta Magna. Gracias a este consenso, que por otro lado y desgraciadamente se ha convertido en una rara avis en el día a día de la política nacional, nadie volverá a leer la palabra ‘disminuidos’ en referencia a las personas con discapacidad. Todo un logro, sin duda, que merece una sentida celebración.

Aunque, en mi opinión, el cambio constitucional supone mucho más que un mero trueque de palabras. En este tiempo en el que muchos se conforman con titulares, y el conocimiento de los acontecimientos se basa en la superficialidad y en la velocidad, quiero defender que vale la pena profundizar en lo que significa lo conseguido por el movimiento asociativo de la discapacidad.

Hace un año conseguimos que el legislador entendiera la necesidad de aprovechar el cambio de términos que reivindica la dignidad de más de 4 millones de personas con discapacidad y sus familias para, además, introducir en el artículo 49 esta declaración de intenciones: «los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles». Y, junto a este logro, reconocer la urgencia de atender «particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

En España nos podemos enorgullecer de contar con una legislación modélica respecto a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y, especialmente, en lo que se refiere a aquellas normas que aluden a 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En este sentido vale la pena citar las normas, aprobadas en los últimos años, que aumentan las garantías sobre derechos fundamentales como los de la accesibilidad cognitiva, el derecho al voto, la autonomía jurídica (tras la modificación del Código Civil) o la salud reproductiva, gracias a la prohibición de la esterilización forzada de mujeres con discapacidad. Por otro lado, hay que resaltar que sólo en nuestro país las administraciones públicas se han fijado por ley la obligación de reservar un 2% de sus empleos para que personas con discapacidad intelectual opten a estos empleos tras aprobar la correspondiente prueba de oposición. Y no me quiero olvidar de iniciativas colectivas que defienden su derecho a hablar con voz propia.

Así lo atestigua la creación en 2022 de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual. Desde el movimiento de la discapacidad, que lidera el CERMI y que sostenemos desde organizaciones como Plena inclusión España, celebramos estos avances, aunque no nos conformamos. Y no podemos hacerlo porque el camino que lleva hasta la plena ciudadanía todavía es largo y complejo. Sólo hay que echar un vistazo a los datos de acceso al empleo o a la educación inclusiva que sitúan a estas personas en situaciones de enorme desigualdad y desprotección.

Celebramos estos avances, aunque no nos conformamos. Y no podemos hacerlo porque el camino que lleva hasta la plena ciudadanía todavía es largo y complejo.

Asimismo, cabe reflexionar sobre el aumento de la violencia machista contra mujeres con discapacidad, o la persistencia en la exclusión de las personas con discapacidad en el acceso a la vivienda, al ocio o a la sexualidad.

Quiero ser optimista ahora que celebramos un año del hito que supuso la reforma constitucional. A las familias y a las organizaciones que apoyamos a estas personas nos sobra iniciativa y ganas de luchar. Confiamos sobre todo en ellas, en las personas con discapacidad, porque son las más implicadas en un cambio social del que son protagonistas.

No tenemos dudas sobre la necesidad de una nueva mirada sobre los cuidados, así como sobre la dignificación de las condiciones laborales de las y los profesionales que están a su lado. Y en esa tarea pedimos a las administraciones públicas que entiendan la urgencia de dotar con recursos suficientes a quienes garantizamos la calidad de cuidados.

Termino con el mismo espíritu esperanzado de quienes fundaron nuestro movimiento asociativo, hace 61 años, que empezó por el empuje de un puñado de familias de personas con discapacidad intelectual. Estos pioneros acuñaron una frase que me gusta repetir: Lo difícil ya está hecho, lo imposible se hará«.