El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado en una entrevista con EFE que la reforma de la ley de dependencia y la reducción de la jornada laboral van a ir juntas «lo antes posible» al Consejo de Ministros.

Bustinduy considera que aprobar ambas iniciativas es «un mensaje político valioso» de las prioridades del gobierno de coalición y su apuesta por ampliar los derechos sociales.

«Reducir la jornada laboral a 12 millones de personas sin reducir el salario y al mismo tiempo plantear una reforma estructural del sistema de la dependencia que lo prepare para el siglo XXI y que amplíe derechos sociales es un buen resumen de las prioridades de nuestra acción de gobierno», ha aseverado.

El ministro ha explicado que la intención del Ejecutivo es que ambas propuestas vayan a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la próxima semana, para que llegue a la mesa del Consejo del Ministros «lo antes posible».

La teleasistencia y acabar con las listas de espera

La anunciada reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia hará efectivos los cambios del artículo 49 de la Constitución y adaptará la norma a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero irá más allá, explica el ministro.

El objetivo es, a través de un único anteproyecto, reformar ambas leyes para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme a la nueva redacción de la carta magna.

«Uno de los puntos centrales de la reforma va a ser el reconocimiento del derecho a la teleasistencia como un derecho subjetivo» para universalizar este servicio que facilita a las personas permanecer más tiempo en su domicilio.

Pero también recoge ampliar las prestaciones en el entorno familiar y agilizar todos los procedimientos y los trámites, añade.

Vamos a reconocer la asistencia personal como un servicio, no solo como una prestación económica

«Vamos a reconocer la asistencia personal como un servicio, no solo como una prestación económica, vamos a eliminar la incompatibilidad entre prestaciones, agilizar toda la tramitación de la solicitud de las ayudas para que puedan menos burocráticas y reducir los plazos de espera, a la vez que reconocer el principio el derecho de accesibilidad universal», ha adelantado el ministro.

El anteproyecto que llevará Bustinduy al Consejo de Ministros recoge además la ampliación de derechos de prestaciones y de servicios.

«Se trata de consagrar derechos que puedan ser reclamables, es decir, que se puedan hacer efectivos no solo el reconocimiento de principios, sino de derechos por ejemplo, el derecho a la teleasistencia o el principio de accesibilidad universal», ha detallado.

Al responsable de Derechos Sociales le gustaría que la reforma de la dependencia se hiciera «de la mano no solo del Partido Popular, sino de todas las fuerzas políticas, para que sea un empeño de país».

«Estamos intentando reconstruir el sistema, desarrollarlo, cohesionarlo, hacer que funcione mejor y, al mismo tiempo seguir incrementando su financiación en los términos históricos y sin precedentes, como ha hecho el Gobierno de coalición».

Opina que el PP tiene «una ocasión de demostrar que defiende el interés general por encima de su interés concreto partidario». «Espero que pueda salir esta reforma por unanimidad».

«En un momento en el que la democracia está amenazada y vivimos unos tiempos oscuros y torcidos la mejor manera de defender la democracia es ensanchar, ampliar y consolidar los derechos sociales», argumenta.

«Cómodo» en el gobierno de coalición

En la entrevista, Bustinduy asegura que se siente «cómodo» en el Ejecutivo y que está convencido de que se van a cumplir los acuerdos de coalición para la legislatura.

«Evidentemente, a nosotros nos gustaría ir más rápido e ir más lejos y hay procesos en los que tardamos más en ver que aterrizan los compromisos que defendemos», como la ley de familias o la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

Es consciente de que necesita para ello los apoyos parlamentarios, incluido el del partido de Carles Puigdemont, que sumen esa mayoría para sacar adelante cuestiones que «redundan en las condiciones de vida y en el bienestar de las mayorías sociales en este país», como ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución y la ley ELA.

«Por encima de la escenificación del juego político y parlamentario, que es normal y legítimo en una democracia que cada actor defienda sus intereses y está bien, creo que hay cuestiones que son de interés general«, opina.